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OPINIÓN - MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2012

 
OPINIÓN / COMUNICADO

¡Marcha atrás! También con los empleados públicos

Por CCOO y UGT


El Área Pública de CCOO y la Federación de Servicios Públicos de UGT han denunciado la escasa voluntad política del gobierno del PP de mantener el diálogo social con la representación de los empleados públicos al convocar a los sindicatos, de forma precipitada y sin suministrar información previa, a una reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas fijada para el 28 de marzo, un día antes de la convocatoria de huelga general, en la que se debatirá el proyecto de presupuestos elaborado por el Gabinete de Mariano Rajoy para 2012.

Con esta “precipitada” convocatoria, ambas centrales acusan a la Administración de incumplir los principios de buena fe, transparencia y suministro de información que debe presidir una negociación de estas características, regulada en el artículo 36.2 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

La reunión ha sido formalizada con un plazo insuficiente, sin comentar la oportunidad de celebrarla a escasas horas del inicio de la huelga general del 29M, sin detallar las materias que se van a tratar y sin documentación comprensiva de su contenido, motivación y alcance.

UGT y CCOO entienden que de esta forma resulta imposible evaluar las medidas presupuestarias del Ejecutivo y elaborar una propuesta alternativa que de pie a un proceso de negociación que ni es deseado ni buscado por el Gobierno.

En este sentido, los dos sindicatos concluyen que el gobierno del PP, en su política de recortes y marcha atrás en los derechos laborales y sociales, ha decidido burlarse del derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos.

El 30 de diciembre de 2011 fue aprobado el Real Decreto de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, en el que, entre otras medidas, se congelaban los salarios del sector público, se suprimían las aportaciones para planes de pensiones, se decidía congelar la oferta de empleo público —con excepción de sanidad, enseñanza y fuerzas y cuerpos de seguridad—, se paralizaba la consolidación del empleo temporal y se decidía fijar la jornada de los empleados públicos con carácter general en 37,5 horas semanales.

CCOO y UGT denunciaron entonces la falta de negociación sobre esas materias que, según el EBEP, deben ser objeto de negociación de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, pues en la reunión de la citada Mesa, convocada de forma “urgente” para ese mismo día, los representantes del Gobierno se limitaron a desarrollar un proceso de 1

“información”, volviendo a ese pasado que se creía superado cuando se “negaba el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos”.

Para evitar la repetición de esta situación, el 12 de marzo UGT y CCOO se dirigieron al secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, para solicitarle la apertura del correspondiente proceso de negociación preceptivo a la presentación y aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012.

Los sindicatos no obtuvieron respuesta a su petición hasta el pasado 26 de marzo, cuando recibieron una comunicación de la Dirección General de Función Pública en la que se les convocaba a una reunión de la Mesa, para las 17.00 horas del 28 de marzo, con el fin de tratar como punto único el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.

Ello demuestra, según CCOO y UGT, la escasa voluntad política del Gobierno del PP en mantener el diálogo social con la representación de los empleados públicos que, una vez más ven vulnerado su derecho a la negociación colectiva, cambiada como en otros tiempos ya superados, por un proceso de información sin ni siquiera consulta, y sin la convocatoria preceptiva de las correspondientes mesas sectoriales en administración general, sanidad, educación, etcétera.
 

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