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El Juzgado de Instrucción Número 4 de Melilla ha imputado a
dos exdelegados del Gobierno del PSOE en la ciudad, José
Fernández Chacón y Gregorio Escobar, actual secretario
general del PSOE local, por su supuesta relación con la
trama de compra de votos efectuada durante las elecciones
generales del 2008. Según el nuevo auto dictado por el juez
Miguel Ángel García Gutiérrez, al que ha tenido acceso Efe,
a Fernández Chacón se le imputa por la supuesta comisión de
los delitos de prevaricación, tráfico de influencias,
malversación de caudales públicos y fraude.
El Juzgado de Instrucción Número 4 de Melilla ha imputado a
dos exdelegados del Gobierno del PSOE en la ciudad, José
Fernández Chacón y Gregorio Escobar, actual secretario
general del PSOE local, por su supuesta relación con la
trama de compra de votos efectuada durante las elecciones
generales del 2008.
Según el nuevo auto dictado por el juez Miguel Ángel García
Gutiérrez, al que ha tenido acceso Efe, a Fernández Chacón
se le imputa por la supuesta comisión de los delitos de
prevaricación, tráfico de influencias, malversación de
caudales públicos y fraude.
Estos mismos delitos se les imputan también al actual
secretario general del PSOE de Melilla, Gregorio Escobar, a
los que se le añade los de obstrucción a la justicia y
falsedad documental, los mismos que al entonces director del
Servicio Público de Empleo Estatal, Joaquín Arana, y a la
directora de la Unidad de Programas y Desarrollo (UPD), Ana
Mansilla.
El procedimiento surge a partir del envío a los ciudadanos
de unas cartas “falsas” con motivo de los comicios generales
de marzo del 2008, a los que el PSOE concurrió en coalición
con CPM, partido de mayoría musulmana, en las que se hacían
supuestas promesas de trabajo en los planes de empleo que se
iban a poner en marcha.
El delegado del Gobierno de entonces era José Fernández
Chacón, mientras que Gregorio Escobar fue el candidato
socialista al Congreso en dichos comicios generales, tras
los cuales fue nombrado delegado del Ejecutivo central en
Melilla, en sustitución de Fernández Chacón, que ocupó el
mismo cargo, pero en Ceuta.
El juez considera que existen indicios de un entramado
conformado por diversas personas que pretendían la
“obtención ilegítima” de votos a favor de la coalición CPM-PSOE,
incumpliendo los trámites establecidos para el voto por
correo y que comprende distintas fases.
En este mismo procedimiento ya habían sido imputados
alrededor de una veintena de miembros de CPM y PSOE, entre
ellos el exsecretario general socialista y actual diputado
autonómico Dionisio Muñoz, o el líder cepemista, Mustafa
Aberchán. A ambos se les cita nuevamente como imputados por
la supuesta comisión de los delitos de prevaricación,
tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y
fraude, así como al exdirector de Promoción de Empleo,
Felipe Gismera, y al exsubdirector de Políticas Activas de
Empleo, Javier Alfaya.
Según el juez, los organizadores de la trama delictiva
supuestamente tuvieron que comenzar a realizar las gestiones
necesarias para dar cumplimiento de alguna manera a la
multitud de promesas que habían realizado a la ciudadanía,
iniciando para ello la última fase de la red delictiva.
Esta última fase debía comenzar con la solicitud por los
cauces legales de la subvención correspondiente para la
adjudicación económica necesaria para llevar a cabo los
planes de empleo, debiendo tanto Dionisio Muñoz como
Aberchan “influir” sobre el delegado del Gobierno.
El auto asegura que, de los 1.388 trabajadores contratados
directamente en los planes de empleo, 300 no cumplen los
requisitos mínimos exigidos, además de otros 239 que no se
pueden verificar, al no contar con la documentación
necesaria.
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