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El Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) insistió
ayer públicamente en su reivindicación a los jueces para que
las agresiones físicas o verbales que se produzcan contra el
personal sanitario sean consideradas como un atentado a los
servidores públicos.
Robles, en declaraciones a los periodistas, alabó la rapidez
de la Justicia por celebrar el juicio y emitir la sentencia
al día siguiente de los hechos, así como la dureza de la
condena, si bien dijo estar disconforme con ella porque a su
juicio, las agresiones físicas o verbales contra los
profesionales sanitarios deben ser consideradas como
atentados.
“Vamos a seguir luchando para conseguirlo”, aseguró Robles,
que quiso respaldar con su presencia la concentración que
celebraron ayer algunos sindicatos y trabajadores sanitarios
del centro de salud donde se produjo este suceso, que es a
su vez el que mayor número de agresiones registra en
Melilla.
Robles anunció que el Ingesa va a poner en marcha esta misma
semana un estudio para conocer por qué en este centro de
salud se focaliza un mayor número de situaciones agresivas
contra el personal sanitario para adoptar las medidas
posibles de toda índole, no sólo de vigilancia y apoyo a los
trabajadores, sino también de infraestructuras.
Entre esas mejoras, Robles apuntó la posibilidad de
introducir modificaciones en las salas de espera, la
presencia de celadores, la presencia compartida en los
espacios para que los trabajadores se sienten más apoyados,
etc.
El responsable del Ingesa recordó que este organismo ya puso
en marcha medidas para incrementar la presencia de
vigilantes, “pero lo que viene ocurriendo demuestra que hay
que ir más allá y hacer una revisión completa de este
centro” y del resto que forman la red de asistencia
sanitaria en Melilla.
Sindicatos
Los sindicatos, por su parte, pidieron que las autoridades
políticas tomen cartas en el asunto para evitar que este
tipo de situaciones sigan produciéndose, para concienciar a
la población contra las agresiones y para que este tipo de
situaciones se lleven a la Justicia como un delito penal.
“La Administración tiene sus medios y de hecho, se ha
llegado a que los juicios rápidos sean rápidos, pero la
Justicia debe evolucionar en este tema y las sentencias
deben ser más duras”, apuntó María del Carmen Sánchez-Rando,
presidenta del Sector de Sanidad de CSI-CSIF, que consideró
insuficientes los dos guardias de seguridad destinados en el
Centro de Salud de la Zona Norte, donde trabajan además 13
enfermeras y 12 médicos para atender a una población de
15.000 personas.
Una enfermera de este centro de salud, Inmaculada España,
quiso dejar claro que los profesionales sanitarios no van
contra los pacientes, sino que piden que el personal de
Enfermería se dedique sólo a realizar su labor sin tener que
compaginarla con otras, como atender a los pacientes, darles
número o estar en la puerta discutiendo con ellos si les
toca o no su turno.
Según dijo, la enfermera agredida el sábado no se encuentra
en condiciones de ir a trabajar porque “sintió que se
acababa su vida” cuando el paciente la amenazó con un
cuchillo.
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