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El Gobierno local presenta hoy a la Asamblea, en un pleno
extraordinario, tanto el Plan de Ajuste necesario para
adherirse al mecanismo de pago a proveedores como su propio
plan de estabilidad o sostenibilidad de las cuentas
públicas, además del informe de Intervención sobre la lista
de acreedores. En el primero se contemplan, en el apartado
de “otras medidas por el lado de gastos”, que a partir de
2013, la reducción se producirá en las empresas públicas y
también en convenios sociales y culturales.
El Plan de Ajuste que el Gobierno local presenta hoy en el
pleno extraordinario de la Asamblea contempla, en el
apartado de “otras medidas por el lado de gastos”, que los
recortes previstos a partir del año 2013 se refieren a la
reestructuración del sector empresarial y en otros seis
apartados, entre ellos, los convenios de carácter social y
cultural.
La Ciudad presenta hoy al pleno este documento, vinculado al
plan de pago a proveedores que estableció el Real
Decreto-Ley 4/2012, de 24 de febrero, y a continuación, dará
a conocer su propio plan de “sostenibilidad” de las cuentas
públicas, que, tal como ha definido el Ejecutivo, es
“complementario”. El pleno conocerá también el informe de
Intervención sobre la relación de proveedores inicialmente
incluidos en la lista que la Ciudad remitió el pasado día 15
al Ministerio de Hacienda, un total de 125 acreedores con
2.047 facturas pendientes de pago a 31 de diciembre de 2011
por importe total de 79,4 millones de euros.
Tal como ha adelantado en sus dos anteriores ediciones EL
PUEBLO, en el Plan de Ajuste se contemplan todo tipo de
medidas relacionadas tanto con los ingresos como con los
gastos. En este último apartado, y en cuanto a los gastos en
bienes y servicios y transferencias corrientes, se señala
que el ahorro imputable a 2012 ”únicamente se refiere a la
reducción de los gastos de adquisición de bienes y servicios
de las sociedades municipales”.
A partir del ejercicio 2013 y hasta el 2022 (teniendo en
cuenta el incremento del 0,5% en dichos gastos desde 2016),
las reducciones se refieren a la “reestructuración del
sector empresarial” y, en segundo lugar, a la reducción del
gasto de funcionamiento de las distintas consejerías.
Otros conceptos en los que se prevé ahorrar son en la
“reducción de los importes de aquellos contratos que, una
vez licitados, han producido diferencia entre el tipo de
licitación y la adjudicación” y también en el contrato de
recogida de residuos.
Por último, se señalan los recortes en los gastos destinados
a actividades lúdico-festivas; del 10% en el importe de los
convenios con entidades que prestan servicios sociales y de
un 20% en los que se firman “con entidades culturales,
religiosas, casas regionales...”. En este último caso se
apunta además que “en alguno de los convenios previstos, la
reducción ha superado dicho porcentaje”.
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El plan para el sector público se aprobará el 1 de mayo
El Gobierno de la Ciudad tiene
previsto, “con efectos 1 de mayo del presente año”, aprobar
la nueva estructura del sector público. Así lo señala en el
Plan de Ajuste que ha de presentar al Ejecutivo de la Nación
tras el pleno de la Asamblea de hoy.
En el modelo a seguir por las administraciones locales para
elaborar este plan, que se establece en una Orden del
Ministerio de Hacienda, la medida de ahorro número 8 es la
“disolución de aquellas empresas públicas que presenten
pérdidas mayores de la mitad del capital social, “no
admitiéndose -se advierte- una ampliación de capital con
cargo a la entidad local”. En el caso de la Ciudad, el
Ejecutivo asegura que “no existe ninguna sociedad” que
presente dichas pérdidas. No obstante, la Ciudad informa de
la existencia entre sus previsiones, de un plan para
reestructurar el sector, e incluye un resumen de los
objetivos del mismo. En primer lugar, figura la “reducción
justificada” del número de entidades “en busca de la mayor
eficacia”. Además, se alinearán las entidades necesarias “en
función de las políticas sectoriales” y se
optimizará “el aprovechamiento de los gastos de estructura
que dan soporte a
más de una actividad económica, lo cual permitirá, de forma
mucho más rápida y flexible, abordar nuevas iniciativas o
proyectos sin generar costes innecesarios”.
El resto de fines son “eliminar redundancias o duplicidades
que pudieran existir al integrar entidades con competencias
similares o complementarias; acometer un plan sostenido de
reducción de costes a medio y largo plazo; reducir y
coordinar los recursos destinados a la gestión y mantener
hasta el extremo de lo posible el nivel de empleo público”.
Todo ello se hará “sin que pueda haber incremento alguno de
la masa salarial” en estas empresas públicas.
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