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					La instrucción del caso voto por correo ha sido separada en 
					varias piezas para investigar mejor los diferentes métodos 
					que supuestamente utilizó la trama dirigida por PSOE y CPM 
					para obtener votos en las elecciones de 2008 de forma 
					ilícita. Uno de ellos pudo consistir en aprovechar el voto 
					por correo de personas impedidas para acudir a las urnas por 
					motivos de salud. 
					 
					El Juzgado de Instrucción número 4 ha imputado presuntos 
					delitos de falsedad y prevaricación a un notario y una 
					doctora de Melilla en una de las piezas separadas de la 
					instrucción del caso voto por correo. El auto de esta parte 
					de la investigación, al que ha tenido acceso MELILLA HOY, 
					estudia si la supuesta trama urdida por PSOE y CPM para 
					obtener de forma ilícita votos en las elecciones generales 
					de 2008 intentó aprovecharse de las personas con 
					impedimentos físicos para ejercer su derecho al sufragio en 
					el colegio electoral o en la sede de Correos. 
					 
					Esta pieza separada se centra en investigar si también pudo 
					haber un ofrecimiento de trabajo en los planes de empleo a 
					estas personas con una discapacidad que les impide ejercer 
					su derecho a voto por sí mismas. Para garantizar el derecho 
					a voto de estos ciudadanos, se permite la posibilidad de que 
					otra persona haga por ellos los trámites necesarios para 
					solicitar el voto por correo, pero para ello es necesario 
					cumplir con una serie de requisitos: por un lado, que un 
					médico certifique la enfermedad o discapacidad que le impide 
					ir a Correos. Por otro, que un notario lo compruebe en su 
					propio domicilio como paso previo a la concesión de un poder 
					notarial al representante. 
					 
					Según recoge el auto judicial, las investigaciones de la 
					Guardia Civil han detectado “nuevas irregularidades durante 
					la formalización de una serie de poderes notariales para 
					emitir el voto por correo de las personas que se encontraban 
					impedidas, según certificado médico, para comparecer en la 
					sede de Correos”. 
					 
					El juez Miguel Ángel García recoge en el auto que en las 
					elecciones generales de 2008 se registraron 64 poderes 
					electorales. En 26 de ellos, que fueron tramitados en sólo 
					dos días, “se presume que existe vinculación con la 
					formación política CPM”, ya que los testigos instrumentales 
					son dos militantes de la formación cepemista, el número dos 
					Abdelrahem Sellam y Yamila Mohatar, que están imputados en 
					este caso.  
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