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En relación con la aplicación del acuerdo alcanzado entre la
Ciudad y las centrales sindicales al Organismo Autónomo de
Servicios Tributarios (OAST), desde CSI-F se emitió ayer una
nota en la que tacha de “grave falta de respeto” por parte
del Gobierno hacia los sindicatos ya que el acuerdo no
afectava a ciertos servicios.
CSI-F emitió ayer una nota de prensa en la que resalta que
“el Gobierno de la Ciudad de manera unilateral, sin que
medie negociación con los representantes de los
trabajadores, pretende extender los efectos del Acuerdo
alcanzado en el seno de la mesa de negociación de la Ciudad,
respecto de las jornadas partidas y especiales, a otros
entes y organismos dependientes de ella”.
Tal y como ha venido informando EL PUEBLO el pasado día 23
de marzo, en Consejo de Gobierno, se aprobaba extender la
eliminación de las jornadas partidas y especiales, y demás
complementos vinculados a la jornada laboral, a los
Organismos Autónomos y empresas de la Ciudad Autónoma,
siendo ésta, una exigencia “inmediata”, circunstancia esta
que desde CSI-F se asegura que “se ha obviado completamente
la negociación con las Centrales Sindicales”.
En la nota de prensa redactada por CSI-F se recuerda que
dicho acuerdo, “alcanzado in-extremis”, se refería a “un
documento (Anexo I) en el que se relaciona una serie de
puestos de trabajo que se verían afectados por esta medida,
dejando al resto al margen de sus efectos”.
Para esta Central Sindical es una “grave falta de respeto”,
por parte del Gobierno, hacia una negociación que ha durado
dos meses, que ahora de “manera unilateral se decida
aplicarlo a otros servicios dejando al margen la Negociación
Colectiva”. De hecho, CSI-F aseguran conocer que la Ciudad
“pretende aplicar el Acuerdo, incluso, a servicios que se
encuentran dentro del ámbito de la mesa negociadora, sin que
éstos hayan sido mencionados en ningún momento por parte de
la Administración, ni estén incluidos en el Anexo I del
acuerdo, como es el caso del OAST (Organismo Autónomo de
Servicios Tributarios)”.
“Nos sentimos engañados y ninguneados por el Gobierno de la
Ciudad, ya que tras meses de negociación, y discursos
llamando a los representantes de los trabajadores a la
responsabilidad y la coherencia, ahora el Gobierno se
permite el lujo de, ignorando a los agentes sociales con
representación en la Ciudad, aplicar este acuerdo en ámbitos
distintos a los que se plantearon inicialmente. Esto, nos
hace temer que pronto otros servicios que quedaron al margen
de este acuerdo podrían verse afectados”, se asegura desde
CSI-F.
La central sindical afirma en su documento que “si el
Gobierno de la Ciudad pretendía aplicar dicho acuerdo a más
servicios de los que se relacionan en el Acuerdo, debía
haberlo significado e incorporado al Anexo I durante las
negociaciones, ya que de otro modo se habrá engañado a los
trabajadores y a sus representantes, demostrando ‘mala fe’”.
Finalmente el sindicato afirman conocer que el Gobierno “ya
está aplicando los recortes en estos servicios”, por lo que
entienden que “el acuerdo adoptado en la mesa negociadora
con fecha 22 de marzo de 2012 se ha roto, sin que medie
justificación para hacerlo (justo cuando se cumplia una
semana desde su adopción) y nos reservamos el derecho de
acudir a la jurisdicción pertinente, en contra de esta
medida”.
Por otra parte, los trabajadores del Organismo Autónomo de
Servicios Tributarios (OAST) han redactado un modelo del
recurso que desde ayer están presentando contra la
aplicación de este acuerdo.
Los trabajadores se basan en tres fundamentos jurídicos para
que esta medida adoptada por la Ciudad no se haga efectiva.
Entre los fundamentos jurídicos que se destacan en este
documento se contempla que “la citada resolución incurre en
una vulneración del ordenamiento jurídico vigente, en cuanto
que contraviene el acuerdo alcanzado entre la Administración
local y las centrales sindicales en desarrollo y ejecución
del plan de reordinación del sector público.
Con el recurso los trabajadores piden que se proceda a
decretar la nulidad de la resolución y se proceda a la
suspensión cautelar de la ejecución de la misma.
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