sociedad - MIÉRCOLES, 11 DE ABRIL DE 2012

CEUTA
T. Crespo
ceuta@elpueblodeceuta.com

El gerente de Emvicesa y el Gobierno informaron ayer de que el procedimiento para la venta del número 4 de González de la Vega y de la promoción de 45 viviendas de Serrano Orive, calificadas como arrendamiento protegido para menores de 35 años, “no alterará ni los derechos ni las obligaciones de los adjudicatarios”.

El procedimiento de licitación para la enajenación de la promoción de 45 viviendas de Serrano Orive, calificadas como arrendamiento protegido para menores de 35 años de edad durante un periodo de 25 años, “no alterará ni los derechos ni las obligaciones de los adjudicatarios”. Así lo aclaró ayer el gerente de Emvicesa a cuatro representantes de los vecinos con los que se reunió en compañía también del consejero de Fomento, Guillermo Martínez. Aunque según explicó López, los vecinos se marcharon “satisfechos y tranquilos” con las explicaciones que recibieron, hoy mismo remitirá una carta reiterando esta garantía de mantenimiento de las condiciones de alquiler de las VPO a cada uno de sus arrendatarios.

López explicó a los vecinos que “el objeto social de Emvicesa no es la acumulación de patrimonio inmobiliario, sino la promoción y entrega de viviendas de protección oficial”, y que el dinero obtenido por estas enajenaciones se destinará a otros proyectos.

Según informó en sus ediciones del 28 de marzo y del pasado día 4 EL PUEBLO, Emvicesa ha convocado un concurso para la venta, por 1,6 millones de euros, de esta promoción de VPO junto al edificio situado en el número 4 de la calle González de la Vega. La venta supondrá el cambio en la titularidad de estos inmuebles, que pasarán de ser propiedad de Emvicesa a manos de la entidad que resulte adjudicataria del contrato, pero -tal como se insistió por parte de la Ciudad en una nota de prensa-, esto no afectará a los inquilinos.

La entidad que se haga con el concurso tiene la obligación de mantener a los arrendatarios “en los mismos términos y condiciones previstos en la actualidad”. Es decir, el precio del alquiler sólo podrá subir, como marca la ley, en función de la evolución del IPC, y el adjudicatario del contrato convocado por la empresa municipal tiene la obligación de hacer frente al mantenimiento del edificio y a atender las necesidades de los arrendatarios en los términos establecidos por la legislación.

Una vez que finalice el periodo de alquiler, de 10 años será cuando podrán venderse las viviendas. Al tratarse de un inmueble protegido, el precio será el que determine la Ciudad Autónoma, y los inquilinos tendrán un derecho preferencial para adquirir la casa, de modo que solo se venderán a terceras personas las viviendas que no quieran comprar los arrendatarios. Tal como recordó López, el 50% de los pisos se puede enajenar a los 10 años y a los 25, el 50% restante.

Por todo ello, el Ejecutivo reitera que el procedimiento iniciado por Emvicesa para la venta de estos inmuebles “en nada afecta a los inquilinos, ya que sus derechos seguirán intactos”. “Únicamente cambiará el propietario de los edificios, que será a partir de ese momento quien recaude el importe de los alquileres”, concluye la nota.
 

El PSOE tilda de “oscurantista” la gestión local en vivienda

El PSOE cree que con la venta de patrimonio público, la Ciudad, “oscurantista” en la gestión de vivienda, esta “se hunde” y con ella “los intereses de los ceutíes”. El secretario general, José Antonio Carracao, denunció ayer también el caso de la venta de la parcela R-3 de Huerta Molino, en la que se posibilitó al comprador, ‘Edificios clásicos del Revellín’, S.L., la prórroga de la firma de la escritura pública, “por un criterio personal” del consejero Francisco Márquez.

Por su parte, los inquilinos de las VPO de Serrano Orive se han “topado” con su venta que deja “en manos privadas su gestión y la continuidad y las condiciones” del arrendamiento. El PSOE pide que el Gobierno “atienda la reclamación de seguridad que hacen los vecinos y que sea consecuente con sus propias palabras y que les ayude a que quede recogido en el pliego una garantía para que puedan estar tranquilos”. Carracao recordó que los adjudicatarios firmaron un contrato de alquiler por cinco años prorrogables por otros cinco, a partir de los cuales tendrían opción a compra. “Como están en el primer quinquenio, lo que tiene que garantizarse es que podrán prorrogarlo”, señaló.

Respecto a González de la Vega, Carracao indicó que “se mete en la operación urbanística porque la gestión de Serrano Orive “no es suficiente para un privado”. El PSOE ya advirtió, de sus “dudas” sobre las condiciones del edificio, afectado por un informe de ruina técnica y que, recordó, se iba a destinar a vivienda para “colectivos desfavorecidos”.