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La carta del gerente de Emvicesa, Antonio López, en la que
se garantiza a los adjudicatarios de las VPP (Viviendas de
Protección Pública) de Serrano Orive que se respetarán sus
derechos adquiridos en el momento del alquiler de las
viviendas llegó ayer a los buzones de “todos y cada uno de
ellos”. No obstante, un grupo de unos veinte se reunió en
asamblea y ofreció ayer una rueda de prensa en la que
solicitaron que se “paralice” el procedimiento de venta y se
“negocie” con los inquilinos.
La carta del gerente de Emvicesa, Antonio López, en la que
se garantiza a los adjudicatarios de las VPP (Viviendas de
Protección Pública) de Serrano Orive que se respetarán sus
derechos adquiridos en el momento del alquiler de las
viviendas llegó ayer a los buzones de “todos y cada uno de
ellos”. Tal como reiteró el responsable de la empresa
municipal de la vivienda, un “anexo” del contrato que la
Ciudad firme con quien adquiera los dos edificios (las 45
VPP y el número 4 de González de la Vega) recogerá esta
cláusula que garantiza el cumplimiento de las condiciones en
las que los pisos fueron adjudicados “al igual que se hizo
con las 19 de Calderón de la Barca”, recuerda.
Además, López señaló que las puertas de su despacho “están
abiertas” para todos aquellos adjudicatarios que deseen
informarse acerca de la situación, de la cual ya habló un
día antes con quien ha ejercido desde que se entregaran las
viviendas de interlocutor de los vecinos.
No obstante una veintena de los 45 vecinos, reunidos de
manera “asamblearia” ofreció ayer una rueda de prensa en la
que su portavoz, señaló -en la línea denunciada el día
anterior por el secretario general del PSOE ceutí, José
Antonio Carracao-, el “oscurantismo” con el que bajo su
punto de vista actúan la Ciudad y Emvicesa a la hora de
enajenar esta promoción junto con el edificio de González de
la Vega. “Nos preguntamos por qué los inquilinos somos los
máximos perjudicados en este juego”, señaló, para agregar
que no saben por qué no se han puesto “en contacto” con
ellos, eso sí, hasta la misma mañana de ayer, en la que tal
como informó López, recibieron una carta personal para
informarles de que no tienen “nada de qué preocuparse”.
Tal como explicó este vecino “la enajenación” (en realidad,
el anuncio de enajenación) se realizó “una semana antes de
Semana Santa “con lo que conlleva todo eso, es decir,
vacaciones, cuando muchos de los inquilinos no nos podíamos
poner en contacto unos con otros”. Ha sido el lunes cuando
“por fin” los adjudicatarios han hecho “una puesta en común”
y se ha dado cuenta de que están “jugando” con ellos.
Los representantes de estos vecinos dicen no entender por
qué la enajenación se ha hecho “en un bloque” con el
inmueble de González de la Vega, que “no tiene nada que
ver”. En segundo lugar, dicen sentir “pavor” ante el hecho
de que Emvicesa les haya garantizado las condiciones y
derechos adquiridos con el contrato firmado en el momento de
la adjudicación, realizada por sorteo entre solicitantes que
cumplían determinados requisitos. Una de las condiciones
especificaba que el contrato, de cinco años era prorrogable
por otros tanto, y los inquilinos que ofrecieron ayer la
rueda de prensa señalaban que el comprador de la promoción
podrá “echarles” a la calle y “meter a otros inquilinos”.
La normativa dice, tal como explicó este portavoz, que a los
diez años, los inquilinos tienen derecho a compra “con el
precio de VPO” del 50% de la promoción. A los arrendatarios
les quedan dos años y medio para terminar el primer plazo,
pero consideran que la empresa que compre puede “meter a
otros” inquilinos por los 5 años restantes cuando finalice
este periodo. Los arrendatario sospechan que la empresa que
adquiera este edificio “esperará a que pasen 25 años” (los
que marca la ley para enajenar el 100% de los pisos) para
“venderlos a precio de renta pública”.
Estos vecinos piden que “se paralice la venta”, cuyo plazo
de presentación de ofertas termina el día 18, y que el
presidente de la Ciudad “se siente a negociar”. El grupo
baraja la posibilidad de constituirse en cooperativa para
gestionar la promoción. La otra opción es que en las
cláusulas del contrato se establezca que se respetará la
prórroga por cinco años y que a los diez años la empresa se
vea “obligada” a vender el 50% a precio de VPO, señalaron.
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