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El Gobierno de Mariano Rajoy y las comunidades autónomas que
están gobernadas por el PP alcanzaron ayer un “gran pacto”
contra la crisis. Las claves sobre las que gira este
consenso alcanzado ayer son la austeridad, la estabilidad
presupuestaria y la garantía de ofrecer a los ciudadanos los
servicios sociales básicos. El propio presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, se reunió con los barones del PP en
las autonomías en las que el partido está gobernando
actualmente.
El Gobierno central y los ejecutivos autonómicos del PP
sellaron ayer un “gran pacto” en favor de la austeridad, la
estabilidad presupuestaria y la garantía de los servicios
sociales básicos, convencidos de que las reformas previstas
permitirán a España salir de la crisis económica. El
presidente del partido en Ceuta, Juan Jesús Vivas, viajó a
Madrid para participar en este encuentro, en el que comparte
las palabras de la secretaria general, María Dolores de
Cospedal.
Este “gran pacto”, como lo calificó durante la presentación
del mismo en rueda de prensa, se rubricó en la reunión que
mantuvo en Madrid el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
con los barones autonómicos de su partido. También asistió
la cúpula del PP, así como la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros Luis de Guindos,
Cristóbal Montoro y José Manuel Soria.
Los presidentes de CC.AA gobernadas por el PP expresaron su
total respaldo al proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado y se comprometieron a incluir las pautas de los
mismos en los presupuestos de sus respectivas comunidades y
a hacer todo lo necesario para cumplir con el objetivo de
déficit fijado para ellas en 2012, un 1,5 por ciento del
PIB.
Gobierno y barones del PP se comprometieron igualmente a
garantizar a todos los ciudadanos los servicios sociales
básicos y sus derechos, y, para ello, se está estableciendo
un sistema de prioridades.
“De otra manera, con la situación heredada, sería imposible
mantener esos servicios básicos y los derechos de los
ciudadanos”, precisó la presidenta castellano-manchega antes
de calificar de “total” ese compromiso.
Al pedirle algún ejemplo de esas prioridades, señaló que en
su comunidad, Castilla-La Mancha, ella entiende que dejar de
que sea gratuito el transporte para los mayores de 65 años
no se puede considerar como la eliminación de un derecho
social si eso permite mantener el servicio sanitario para
ese colectivo.
“No hay que dejarse llevar por algunos que intentan llamar
derechos sociales a lo que son beneficios que en época de
bonanza han podido disfrutar los ciudadanos”, precisó.
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partido popular
