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Los aspectos que el Sr. Ministro
se ha encargado de poner en el disparadero, en sus distintas
comparecencias públicas, desde que tomó posesión: la ratio
de alumnos por profesor, por debajo de la media de la U.E y
de la OCDE y las tasas universitarias, inferiores a las de
países de nuestro entorno. Elevar los umbrales nacionales en
ambos sentidos, está entre las necesidades que el Ministro
planteará a las Comunidades, en la Conferencia Sectorial de
Educación y al Consejo de Universidades. Los contactos, se
supone, que serán en breve.
Está previsto que a los Consejeros de Educación se les
planteará un aumento de las horas lectivas a los docentes,
que se traducirá en una disminución de los enseñantes
interinos con respecto a su contratación. Pero resulta
desconcertante que ya las Comunidades han promovido cambios
en ese sentido. Es el caso de la Comunidad de Madrid, que ya
aumentó dos horas en la ESO. Y en el mismo caso se
encuentran Castilla y León, Valencia, Galicia… resultando,
pues, si el aumento horario que pida el Sr. Ministro, se
añadirá a los hechos previstos, por lo que se teme que se
llegará a las 30 horas semanales en Primaria y a los 36 en
Secundaria.
A todo lo anterior expuesto hay que tener en cuenta que cada
Autonomía regula el horario docente a su manera porque
existe una normativa nacional, es decir, un Estatuto, que
regula la profesión.
Por otra parte, corresponde al Gobierno cuantificar el
ahorro previsto con una medida tan agresiva, a simple vista.
Porque resulta significativo, considerando como ejemplo, que
el aumento de horas lectivas en Secundaria en la Comunidad
de Madrid, el pasado verano, se tradujo en un ahorro de 80
millones de euros, según el informe de la Consejería de
Educación. Pero, ¿Y el rendimiento o éxito escolar?
Por lo que respecta al Ministerio no se ha confirmado
todavía, oficialmente si el nuevo “recorte” o “reajuste”
será o no de 3000 millones. Hay que esperar que las medidas
las conozcan primero quienes tienen que aplicarlas:
Comunidades y Universidades.
En la Enseñanza Superior, se planteará una subida de tasas
universitarias –ya las comunidades han publicado sus subidas
para el próximo curso-. El Sr. Ministro suele recordar que
en España la Universidad está prácticamente becada, pues la
matrícula de esos estudios cubre alrededor de 15% de lo que
cuestan. El resto de la financiación es pública y corre a
cuenta, en su mayor parte, de los Gobiernos Autonómicos.
El tercer ajuste que se espera es el de la ratio
profesor/alumno. Si en la actualidad se modificara, sería
competencia del propio Ministerio, ya que es la LOE la que
fija 25 niños por clase en Primaria y 30 en Secundaria.
Pero, en realidad, el número de estudiantes por docente es
inferior, ya que en un Centro Educativo, siempre hay más
profesores que alumnos, lo que no ocurría en tiempos
pasados, en Primaria, sobre todo, en las llamadas clases de
“maestros únicos”. En la actualidad, según el Ministerio, la
ratio es de 11 en España, mientras que la media de la OCDE
es de 13.
También conviene tener presente que si el Gobierno fija un
número obligatorio, puede suponer el fin de cientos de
colegios rurales en toda España, que se mantienen con muy
pocos alumnos para mantener la vida en los pueblos. Es el
caso, por ejemplo, de Castilla León, que se mantienen
escuelas de Primaria con un mínimo de cuatro niños. Y según
la Consejería de Educación, cada día circulan 1900 rutas de
transporte escolar.
Pero la “voracidad” del Gobierno llega mucho más lejos, ya
que pretende no dejar “títere con cabeza”, al retirar la
financiación a las Asociaciones de Padres y Madres de
alumnos, con un recorte de un 90% que a lo que queda
reducido no se puede pagar ni el alquiler de una oficina y,
además, se ven afectadas dos importantes Asociaciones: la
CEAPA, Confederación de Padres y Madres de Alumnos, con
implantación en la Escuela Pública y la CONCAPA,
Confederación Católica de Asociaciones de Padre de alumnos y
Padres de Familia (era de 438.620 euros).
También se suprimen completamente la partida destinada a la
financiación de las Federaciones Territoriales de
Asociaciones de Madres y Padres de alumnos (AMPAS). Recibían
508.180 euros, que queda reducida a cero.
Todo ello tiene unas consecuencias devastadoras. Por una
parte, la implicación de las familias en el Sistema
Educativo está directamente relacionada con el fracaso
escolar. Por, lo tanto, las Asociaciones estiman que el
abandono escolar subirá aún más; por otra parte, sin un
tejido organizativo mínimo, será difícil defender los
intereses de los padres y de las madres, agentes decisivos
en las decisiones que toman las administraciones educativas.
Parece ser que la Administración lo que pretende que
“tendremos que aprender a pagarlo todo y a pagar por todo.
Porque sólo cuando pagamos por las cosas que usamos de modo
conveniente y razonable, y porque el dinero de los demás es
sagrado y es completamente inmoral este despilfarro. El
acceso universal a determinados servicios públicos no
significa que tenga que ser gratuitos para todo el mundo,
sino sólo para aquellos que realmente no pueden pagarlos por
causas concretas e imposible de solucionar…
Hay quien afirma que “también en la enseñanza tendría que
introducirse algún tipo de “copago”, aunque sólo fuera para
que lo padres recordaran lo importante que es que su hijo
pueda ir al colegio. Si cada matrícula costará algún dinero,
aunque no fuera el total de su coste real, muchos menos
padres darían la razón a sus hijos en sus disputas con los
maestros y mucho menos hijos osarían comportarse como
auténticos salvajes en clase.
Sólo respetamos lo que nos cuesta algo. La caridad para
quien la necesite. El gratis total desemboca en el abandono
escolar…
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OPINIÓN / EL MAESTRO
