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					El titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ceuta dejó 
					ayer visto para sentencia un juicio por blanqueo de 
					capitales por imprudencia que parte de un ‘phishing’ 
					-utilización de datos personales para transferir dinero de 
					una cuenta corriente de la víctima mediante internet- que 
					denunció un ciudadano ceutí. 
					 
					Es una tarde de domingo, a primeros de junio del año pasado 
					y Francisco G.S. se dispone a revisar su cuenta corriente en 
					Caja Duero, mediante internet, desde su domicilio. Cuando 
					introduce su clave de acceso, la web del banco le pide hasta 
					tres claves más de tarjeta, lo que le resulta “extraño”. Al 
					no poder operar, cancela y sale de la página web. 
					Posteriormente recibe llamadas en su móvil desde un número 
					oculto hasta que se le agota la batería, no sin que antes 
					reciba un mensaje en el propio móvil: la notificación de que 
					desde su cuenta corriente se ha realizado una transferencia 
					de 2.865,86 euros a otra cuenta, esta vez de Cajasol. 
					 
					El lunes contacta con su Caja, que le recomienda denunciar 
					el hecho ante la Policía. Ayer, los hechos se juzgaban en el 
					Juzgado de lo Penal número 2, con Rafael Ignacio M.V.R., que 
					no compareció a la vista, acusado de blanqueo de capitales 
					por imprudencia. 
					 
					Según se desprendió de los informes de acusación del 
					Ministerio Fiscal y de la acusación particular ejercida por 
					Caja Duero, Rafael Ignacio es contactado por internet por 
					una empresa que le ofrece un contrato a través de una firma 
					londinense, mediante el cual se hará cargo de abrir una 
					cuenta a su nombre -en Cajasol- para recibir distintas 
					partidas de dinero que debían ser retiradas de inmediato y 
					enviadas mediante terceros por Western Union y sistemas 
					similares, a otras personas. La contraprestación es un 
					suculento porcentaje sobre las cantidades ingresadas. 
					 
					Tras este asunto se encuentra una red que utiliza a personas 
					deseosas de hacer dinero fácil o incautos -la defensa 
					argumentó que Rafael Ignacio fue “engañado”, para realizar 
					movimientos de dinero de procedencia fraudulenta. En este 
					caso era de un ‘phishing’, pero en el procedimiento judicial 
					-en el que testificó un representante de Caja Duero, entidad 
					que reembolsó a su cliente el dinero perdido- se puso de 
					relieve que los verdaderos destinatarios del dinero eran los 
					componentes de una red que podría estar relacionada también 
					con delitos relacionados con el tráfico ilícito de oro a 
					través de varios países, de forma que se obviaran los 
					procedimientos arancelarios.  
					 
					La Fiscalía y la acusación particular coincidieron en su 
					petición: dos años de cárcel y restitución del dinero a Caja 
					Duero. Mientras tanto, la defensa pidió la libre absolución 
					de su patrocinado. El juicio quedó visto para sentencia. 
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					Del blanqueo de capitales a través de los llamados ‘muleros’ 
					Actualmente empresas ficticias 
					intentan reclutar teletrabajadores por medio de e-mails, 
					chats, irc y otros medios, ofreciéndoles no sólo trabajar 
					desde casa sino también otros jugosos beneficios. Aquellas 
					personas que aceptan la oferta se convierten automáticamente 
					en víctimas que incurren en un grave delito sin saberlo: el 
					blanqueo de dinero obtenido a través del acto fraudulento de 
					‘phishing’. Para que una persona pueda darse de alta con 
					esta clase de empresas debe rellenar un formulario en el 
					cual indicará, entre otros datos, su número de cuenta 
					bancaria. Esto tiene la finalidad de ingresar en la cuenta 
					del trabajador-víctima el dinero procedente de estafas 
					bancarias realizadas por el método de phishing. Una vez 
					contratada, la víctima se convierte automáticamente en lo 
					que se conoce vulgarmente como ‘mulero’. 
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