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					La crisis está causando estragos. Desde hace poco menos de 
					un año son muchas las familias que acuden al organismo 
					autónomo de Servicios Tributarios para solicitar el 
					fraccionamiento de pago de sus impuestos durante el período 
					voluntario. Un hecho que antes sólo se hacía cuando algún 
					tipo impositivo tenía recargo y, a fin de diluir la presión 
					fiscal en la economía familiar, los afectados se acogían a 
					un pago aplazado que hacía más llevadero el abono. Ahora la 
					crisis económica ha cambiado la dinámica y el usuario busca 
					aminorar sus gastos prolongando hasta el nueves meses, el 
					pago de impuestos que se hace, en estos casos, sin 
					intereses. 
					 
					Una situación que cuenta con la compresión de los dirigentes 
					del organismo recaudatorio de la Ciudad Autónoma de Ceuta 
					que, desde enero de este año, han decidido poner en 
					circulación una ordenanza fiscal general por la que se dan 
					facilidades en función de la situación económica de cada 
					afectado, asi como también en función de la deuda que tenga 
					contraída con la Administración. Con estos planteamientos y 
					en relación a la dualidad deuda-ingresos, se establecen unos 
					parámetros que configuran la cuota a abonar. Los parámetros 
					establecidos buscan evitar arbitrariedades y ajustar el pago 
					a la particular situación de cada afectado. Es lo que se 
					llama, en este cao, “pago a la carta”. 
					 
					En definitiva, una modalidad más para minorar, en lo 
					posible, los agobios económicos de tantas familias afectadas 
					por la crisis y la estrecheces económicas. Un comportamiento 
					que ha encontrado la comprensión de la Administración, 
					dispuesta a facilitar los pagos. En Servicios Tributarios 
					hay una filosofía: “Nos adaptamos a la situación personal de 
					cada sujeto. En período voluntario pueden pagar hasta en 
					nueve meses sin intereses”. Desde 2010 se viene practicando 
					el denominado “pago a la carta” y se ha generalizado un 
					síntoma que da la idea de la actual coyuntura: todos los 
					tributos de la Ciudad Autónoma están sometidos al 
					fraccionamiento de pago. Como se puede apreciar, la crisis 
					ha afectado de manera decisiva a la actividad recaudatoria 
					y, por tanto, con su perniciosa influencia en la economías 
					domésticas. Hasta el punto que, los nueve meses indicados de 
					pago fraccionado se pueden ampliar, en casos excepcionales, 
					a un nivel de mayor fraccionamiento. Tal es la situación que 
					se vive que no queda otra solución. 
					 
					Por otra parte, el fraude no ha aumentado pese a los 
					momentos difíciles que se viven, ya que el servicio de 
					gestión ha elevado los requerimientos en esa área. 
					 
					En cuanto al número de embargos no se ha elevado en relación 
					a la tónica que ha venido siendo habitual, ya que los 
					porcentajes de efectividad recaudatoria se han venido 
					manteniendo con el objetivo de que todos paguen. Ahora bien, 
					la mayor incidencia del fraccionamiento de pago en períodos 
					voluntarios, abre una nueva faceta: la falta de liquidez en 
					familias y empresas, dándose el caso que patrimonios 
					consolidados y muy importantes se ven acuciados por la 
					crisis económica y abocados a cumplir sus obligaciones 
					fiscales, a hacer frente a las hipotecas y a su propia 
					manutención, junto a la voracidad recaudatoria en todas las 
					Administraciones, llegando a producirse situacines curiosas.
					 
					 
					En Andalucía, la Administración hace requerimientos de pago 
					a los empresarios y si no paga en plazo, multa. Una fórmula 
					que ha ido “in crescendo” en los últimos dos años. Estas 
					circunstancias hace que el empresario busque a un 
					profesional para que le haga el recursos con el consiguiente 
					gasto, ya que una vez pasa el plazo que marca la 
					Administración sin efectuar el recurso, la reclamación de la 
					Administración se hace buena y puede darse el caso que se le 
					reclame al empresario una declaración fiscal que ya estaba 
					hecha, por el hecho de no contestar al requerimiento 
					informativo, surgen las sanciones. 
					 
					En Ceuta estos casos relatados por un asesor fiscal, 
					afortunadamente no se dan y existe la suficiente comprensión 
					por parte de Servicios Tributarios como para no agobiar al 
					ciudadano. El “pago a la carta” es una forma de humanizar el 
					pago de impuestos, dentro de un orden y facilitando la labor 
					del sufrido consumidor. Una solución razonable a una 
					coyuntura difícil.  
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