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La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional juzgó el pasado
miércoles a siete melillenses, acusados de delitos contra la
salud pública y de blanqueo de capitales, después de que
seis de ellos fueran interceptados por el Servicio de
Vigilancia Aduanera a bordo del yate ‘Emilio I’, en el que
se transportaban cuatro toneladas de hachís.
Esta operación se llevó a cabo en noviembre de 2009, durante
el viaje inaugural de una empresa afincada en nuestra
ciudad, que es propietaria del yate y que presuntamente fue
creada para encubrir las supuestas actividades ilícitas de
la organización detenida. El Ministerio Fiscal ha pedido
penas que oscilan entre los tres y los seis años de cárcel.
La Audiencia Nacional ha dejado visto para sentencia el
juicio contra siete ciudadanos españoles residentes en
Melilla a los que se les imputa presuntos delitos contra la
salud pública y blanqueo de capitales, después de que el
Servicio de Vigilancia Aduanera interceptara a seis de ellos
en un yate a 60 millas de Cartagena en el que se
transportaban cuatro toneladas de hachís. El séptimo
imputado es el apoderado de una empresa afincada en Melilla
que es propietaria del barco, de bandera española y nombre
‘Emilio I”.
Según ha podido saber MELILLA HOY, el juicio se celebró el
18 de abril, en la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional.
El fiscal ha pedido penas que oscilan entre los tres y los
seis años de prisión para los detenidos, algunos de los
cuales ya han cumplido 14 meses en prisión provisional por
estos hechos. Además, la mayoría de ellos tienen numerosos
antecedentes policiales por contrabando de estupefacientes.
Esta operación, desarrollada por el Servicio de Vigilancia
Aduanera de Melilla y Cartagena, se desarrolló en en
noviembre de 2009 tras una larga investigación, cuando
medios aero-navales de la Agencia Tributaria detectaron la
salida desde el puerto marroquí de Saidía con rumbo a España
de un yate a motor de 12 metros de eslora y bandera española
llamado Emilio I. Fue abordado por la embarcación Colimbo IV
del Servicio de Vigilancia Aduanera, que descubrió en la
cubierta 128 bultos de arpillera con un peso total de cuatro
toneladas de hachís, que habrían alcanzado en el mercado
ilegal un valor de 5,5 millones de euros.
Una vez en tierra, los funcionarios de Aduanas intervinieron
diferentes objetos y documentación de interés, entre ellos
la cartera con la documentación personal del séptimo
imputado en el juicio, el apoderado de la empresa
propietaria del barco. Al parecer, este individuo, de
iniciales F.J.C.T., olvidó su cartera en el yate antes de
que partiera de Saidía.
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