economía - DOMINGO, 29 DE ABRIL DE 2012

CEUTA
Paula Zumeta
ceuta@elpueblodeceuta.com

La Ciudad espera el visto bueno a través de confirmación oficial del Plan de Ajuste presentado el pasado mes de marzo para poder adherirse al crédito ICO para el pago a proveedores. El plazo se acaba mañana, aunque desde el Ejecutivo se confía en que la respuesta por parte del Ministerio de Hacienda sea positiva.

El consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos, Guillermo Martínez, informó ayer de que todavía no ha llegado la confirmación oficial de aprobación sobre el Plan de Ajuste presentado por el Ejecutivo local para poder adherirse al crédito ICO para el pago a proveedores. El anterior responsable de la cartera, Francisco Márquez, explicó a este diario el pasado jueves que el Gobierno central ya ha dado el visto bueno.

En total, serán 83 millones de euros los que se soliciten después de sumar 69 facturas más en la segunda fase del plan de adhesión. La fecha límite para que el Estado dé luz verde a este Plan será mañana, puesto que el Ministerio de Hacienda debe tramitar todos los documentos remitidos, motivo por el que se ha retrasado esta confirmación oficial a la Ciudad.

El Plan de Ajuste para el plan de pago a proveedores se presentó el pasado día 30 de marzo en el Pleno de la Asamblea y, según el Real Decreto-ley 4/2012 de 24 de febrero por el que se determinan “obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a proveedores de las entidades locales”, la fecha límite para aprobar o rechazar estos planes se sitúa un mes después de haber sido aprobado por el Pleno. El portavoz del Gobierno local presentó el día 30 de marzo ese Plan de Ajuste en el que se recoge una deuda vida en 2011 de 224 millones de euros, mientras que para el ejercicio actual, ascendería a 286 millones. El objetivo de este plan, obligatorio para acceder al crédito ICO, es mantener en 45 millones la deuda suscrita a corto plazo -de anticipo de la compensación del IPSI- y eliminar por completo la deuda a largo plazo en 2022.

Por su parte, según informa la Agencia Efe, el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, prevé que la financiación del ICO para los vencimientos de deuda en la primera parte del año “estará ligeramente por debajo” de la cantidad prevista. Jiménez Latorre recordó que esa cantidad asciende a unos 5.000 millones de euros y también explicó que el acceso a la financiación del Instituto de Crédito Oficial está “sujeto a la existencia de un plan de ajuste riguroso para cumplir los objetivos de déficit”. Es decir, “esa es la dinámica que permite la consolidación de las finanzas” de comunidades y ciudades autónomas.
 

Nueva estructura del sector público empresarial

En el Plan de Ajuste para el pago de proveedores a través de créditos ICO, tal y como adelantó EL PUEBLO en su edición del pasado 28 de marzo, se contemplan todo tipo de medidas relacionadas tanto con los ingresos como con los gastos. En este último apartado, y en cuanto a los gastos en bienes y servicios y transferencias corrientes, se señala que el ahorro imputable a 2012 “únicamente se refiere a la reducción de los gastos de adquisición de bienes y servicios de las sociedades municipales”.

A partir del ejercicio 2012 y hasta 2022 -teniendo en cuenta el incremento del 0,5% en dichos gastos desde 2016-, las reducciones se refieren a la “reestructuración del sector empresarial” y, en segundo lugar, a la reducción del gasto de funcionamiento de las distintas consejerías.

Por otra parte, el Gobierno de la Ciudad tiene previsto, “con efecto 1 de mayo del presente año”, aprobar la nueva estructura del sector público. Así lo señala el propio Plan de Ajuste que se presentó al Ejecutivo central tras el Pleno de la Asamblea del 30 de marzo. En la orden emitida por el Ministerio de Hacienda, la medida de ahorro número 8 es la “disolución de aquellas empresas públicas que presenten pérdidas mayores de la mitad del capital social, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la entidad local”. En el caso de la Ciudad, el Ejecutivo aseguró que “no existe ninguna sociedad” que presente dichas pérdidas. El resto de fines son “eliminar redunancias o duplicidades que pudieran existir”.