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Los servicios correspondientes a las 1.600 facturas que han
quedado excluidas del plan de pago a proveedores se
realizaron a falta de un firma oficial según ha explicado a
este diario Rafael Montero Ávalos. Por ello, sin
autorización, no se podrán cobrar, al menos de momento
porque siempre queda la vía judicial.
Después de que la Ciudad anunciara que ha excluido más de
1.600 reclamaciones de facturas del Plan de Pago a
Proveedores, desde la Confederación de Empresarios de Ceuta
(CECE) su presidente, Rafael Montero Ávalos, ha aclarado que
el problema con buena parte de estos recibos es que los
empresarios dieron el servicio a “falta de la firma o del
consejero o de los técnicos. Un caso que lejos de ser raro,
según explica el responsable de la CECE, “es habitual en la
ciudad”. “Muchas veces la premura lleva al empresario a
realizar un trabajo que todavía no estaba autorizado porque
al final lo que quiere es vender y dar el servicio”
justifica Montero Ávalos que no niega que se puede deber a
“un exceso de confianza” pero que recuerda que esta ha sido
“una forma de funcionar normal dentro del Ayuntamiento”.
No obstante, desde la CECE son conscientes de que hay un
Real Decreto que regula este plan de pago y que marca los
requisitos para reclamar una factura, como es el caso de que
esta venga avalada por un técnico de la Administración. De
hecho, desde que se abrió a los proveedores un periodo para
adherirse al plan, la Confederación puso a disposición de
los empresarios un servicio de asesoramiento que ha tenido
“una gran acogida”. “Se han producido muchas consultas tanto
en la sede como a través de correo electrónico o teléfono”
comenta Montero Ávalos que dice como la mayoría de las
consultas era sobre cómo presentar facturas sin una
autorización firmada.
Para aquellos que se han quedado al margen, el presidente de
la CECE, les recuerda que siempre queda la vía judicial.
“Hay muchas posibilidades de demostrar que se han realizado
los servicios para la Administración” asegura y añade: “Yo
no he visto las 1.600 facturas pero es cuestión de
analizarlas una a una”. Lo que si está claro, y así lo
afirma rotundamente Montero Ávalos es que los servicios se
han realizado y los recibos están ahí. “Los 30 millones de
euros se han gastado seguro, lo único es que ahora hay que
demostrar en qué y por qué no se firmaron las facturas”. Y
es que, el responsable de la Confederación recuerda que el
objetivo último es que “el empresario cobre para sanear sus
cuentas”.
Liquidez en las cuentas
De momento, buena parte de los empresarios ceutíes
comenzaran en mayo a disponer de liquidez ya que la Ciudad
finalmente pedirá 83 millones al Instituto de Crédito
Oficial para adherirse a esta plan de pago al que a última
hora se han añadido tres millones. Montero Ávalos está
seguro de que esta medida servirá para ayudar a muchas
empresas a “sanear sus cuentas” porque si no se cobraran
estas facturas significaría un incremento de paro “seguro”.
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“Es preocupante que el Ayuntamiento no sepa lo que gasta”
Tras sacar las facturas de los
cajones, la Ciudad cifró en un primer momento la deuda con
sus proveedores en 80 millones. Sin embargo, en la lista de
empresarios incluidos en el plan de pago a proveedores no
estaban todos aquellos que creían tener algo pendiente con
la Administración lo que llevo a abrir un plazo de adhesión.
Esta segunda tanda se ha saldado con 69 nuevas facturas
sumadas a la deuda inicial que queda en 83 millones y más de
1.600 reclamaciones de pago excluidas que se cifran en 30
millones, unos datos “preocupantes” para la CECE. Su
presidente, Rafael Montero Ávalos se muestra alarmado porque
la Ciudad “no sepa que grado real de endeudamiento tiene”.
“Es increíble vver como de pronto aparecen otros 30 millones
de euros de deuda que no están registrados y que yo confió
que existen”, afirma.
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confederación de empresarios
