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El Tribunal de Cuentas ha advertido en un informe de
fiscalización del ejercicio 2009 del posible fraude que
podría estar dándose en Ceuta y también en Melilla en el
caso de ciudadanos marroquíes que hayan vuelto a su país y
que se desplacen a las ciudades autónomas para recibir
asistencia sanitaria con cargo al sistema español. En líneas
generales, han detectado pérdidas millonarias por mala
gestión.
El caso de ciudadanos marroquíes que hayan vuelto a su país
y se desplacen a Ceuta o Melilla para recibir atención
sanitaria con cargo al sistema español podria considerarse
un fraude, según se desprende de un informe realizado por el
Tribunal de Cuentas referente al ejercicio 2009. Constituyen
estas prestaciones sanitarias una práctica bastante habitual
en Ceuta y Melilla. Según el informe, en general, el sistema
sanitario español está plagado de fallos administrativos que
ocasionan pérdidas millonarias debido, principalmente a la
mala gestión hecha por las administraciones a la atención
sanitaria a ciudadanos extranjeros.
La falta de actualización de tarifas, la concesión de
tarjetas sanitarias a ciudadanos extranjeros que no cumplían
los requisitos, la duplicidad de tarjetas, la falta de
informatización, la asunción de pagos que no les
corresponden o la dejación a la hora de facturar los
servicios sanitarios a los países de origen de los
pacientes, son las principales irregularidades detectadas en
el sistema sanitario español.
Uno de los principales “agujeros” se encuentra en la
facturación de las prestaciones farmacéuticas a extranjeros,
concepto por el que en 2009 se facturaron 1.452.207,73 euros
por la asistencia prestada en atención primaria.
Estas consideraciones se suman que a partir del próximo día
1 de julio la asistencia sanitaria a los extranjeros sufrirá
graves restricciones, cuando entrará en vigor la reforma
sanitaria que aprobó por decreto el Gobierno de Mariano
Rajoy. La asistencia a personas que no estén regularizadas
como residentes en España se limitará a urgencias,
enfermedad grave o acciente, embarazo, parto y postparto y
atención a los menores de 18 años.
Para ello, se modificará la Ley de Extranjería y se exigirá
a los extranjeros los mismos requisitos que para los
nacionales a la hora de recibir asistencia sanitaria, de tal
forma que deberán estar afiliados a la Seguridad Social y
pagar sus impuestos en España.
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