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Pleno de la Asamblea. melilla. |
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pleno
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La Asamblea no se creará una comisión de
investigación
sobre los servicios jurídicos |
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 La
petición del PSOE, secundada por PPL,
se topó con los votos del PP, que restó credibilidad
a la denuncia de un funcionario sobre presuntas
irregularidades porque, según dijo, actuó por
despecho
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La Asamblea de Melilla acordó ayer desestimar la creación de
una comisión de investigación solicitada por el PSOE sobre
unas presuntas conductas irregulares de los servicios
jurídicos de la Ciudad Autónoma de Melilla que,
supuestamente, pretendían favorecer la contratación pública
de personal eventual sin oposiciones.
Los grupos minoritarios de la Asamblea, PSOE y PPL,
recordaron que ese informe advierte de que esa supuesta
práctica ha permitido que algunos de los trabajadores de
esas empresas se hayan convertido en indefinidos de la
Administración local de Melilla tras recurrir a la vía
judicial. Según esa denuncia, el 90 por ciento de los
juicios de este tipo los ha perdido la Ciudad Autónoma
porque, presuntamente, los servicios jurídicos actuaron en
connivencia con los trabajadores denunciantes. En palabras
del diputado socialista Dionisio Muñoz, se trata de una
“corrupción legal” porque “trata de bordear la Ley
enmascarando un fraude”.
Despecho
El Grupo Popular rechazó con sus votos la creación de la
comisión de investigación solicitada por el PSOE, ya que
según afirmó su portavoz, Daniel Conesa, el funcionario
denunciante emitió ese informe “por despecho” tras ser
expedientado y, además, ha sido desmentido por el resto de
abogados que integran los servicios jurídicos.
Conesa leyó el escrito del grupo de funcionarios
desmintiendo las acusaciones de su compañero, en el que
aseguraban que no habían recibido instrucciones ni habían
colaborado con nadie “para perder pleitos de forma
deliberada”, ya que de hecho, una amplia mayoría de las
sentencias han sido favorables para la Ciudad Autónoma.
En cualquier caso, Conesa informó de que la Administración
melillense se ha personado en este caso, sobre el que se han
abierto diligencias previas, ya que el juzgado está pidiendo
documentación de manera reiterada.
Asimismo, se mostró convencido de que este asunto no llegará
a ningún sitio porque la denuncia del funcionario “está
plagada de falsedades y mentiras”, al tiempo que acusó a PPL
y PSOE de buscar “un buen titular” por interés político a
costa de este asunto, aunque “la realidad se lo estropea”.
En este sentido, el vicepresidente primero de la Ciudad
Autónoma, Miguel Marín, lamentó que los dos grupos
minoritarios de la oposición den credibilidad al funcionario
expedientado y no hagan lo mismo con los informes del resto
de integrantes de los servicios jurídicos que “han
desmontado estas falsas acusaciones”.
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