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Coalición Caballas ha informado de la presentación, en el
Pleno Ordinario del próximo día 7, de una interpelación
acerca de la deuda que la Ciudad mantiene con la empresa
Acciona Infraestructuras, por valor de 900.000 euros. Tal
como se indica en el texto de la interpelación, el Plan de
Pago a Proveedores incluye esta deuda “como consecuencia de
una sentencia judicial en la que se reconoce una “revisión
de precios” a favor de la citada empresa por la ejecución de
las obras “86 Viviendas de promoción pública de Monte
Hacho”.
Una vez examinado el expediente, “se deduce que la sentencia
desfavorable encuentra su argumentación en un ‘documento
privado’ firmado por el consejero de Hacienda con la empresa
el 30 de noviembre de 2008, en el que se reconoce
expresamente la existencia de una deuda de 8.624.872,59
euros, en la que figuran 1.978.967,15 euros correspondientes
a una revisión de precios”. Este documento, que además
recoge un calendario de pagos, “no se encuentra acompañado
de informe alguno”, según afirma Caballas. “Es más
-agregan-, en el expediente sí figuran al menos dos informes
que cuestionan la procedencia de la revisión de precios, y
en los que se hace referencia a la obligatoriedad de
computar ‘las penalizaciones’ para obtener el resultado de
la liquidación final”. “En uno de los informes aparece
cuantificada la penalización, alrededor de 2.500.000 euros”,
aseguran. El Gobierno se negó posteriormente a cumplir el
citado acuerdo, “obligando a la empresa a entablar las
acciones judiciales que le resultaron favorables”.
Caballas quiere conocer las razones por las que se reconoce
en un documento privado una deuda por una revisión de
precios sin informes que lo avalen y que fue utilizado como
prueba en el fallo judicial contra la Ciudad y también por
qué el Gobierno “no cumplió el acuerdo firmado por el
Consejero de Hacienda”.
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