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La actividad parlamentaria ha seguido siendo intensa durante
la semana pasada tanto en Congreso como en el Senado. En la
Cámara Alta se ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la
cual va a permitir que los gestores de cada una de las
Administraciones, sean responsables, y puedan ser
sancionados por una mala gestión de los fondos públicos.
Asimismo se ha debatido una moción del Grupo Parlamentario
Popular por la que se propone al Gobierno iniciar los
trámites necesarios para la elaboración de un Estatuto del
Personal Funcionario Docente no Universitario
Es un hecho indiscutible que el gobierno socialista durante
los cuatro últimos años de su mandato, pero singularmente,
al menos, durante los dos primeros años de la pasada
legislatura (2007-2011), en los que gozó de una holgada
situación económica, pudo y no quiso aprobar una histórica
demanda del colectivo de maestros y profesores: el Estatuto
de la Función Pública Docente.
Hagamos un poco de historia:
• A instancias del Grupo Parlamentario Popular en el Senado
se aprobaron dos mociones, en la pasada legislatura y en la
anterior. Así, el Pleno de esta Cámara el día 9 de octubre
del año 2007 aprobó una moción sobre políticas educativas
del Gobierno que incluía la instancia al Gobierno para que
adquiriera el compromiso de aprobar, dentro de aquella
legislatura, el estatuto de la función docente. Conviene
recordar que dicha moción fue aprobada a pesar de los votos
en contra del Grupo Parlamentario Socialista y de la Entesa
Catalana de Progrés y con la abstención de CiU, del Grupo
Parlamentario Vasco y de Coalición Canaria.
• En la Comisión de Educación del 27 de mayo de 2010 se
aprobó una moción, a través de una transaccional que en este
caso apoyaron todos los grupos políticos, que establecía que
el Gobierno debía aprobar el estatuto de la función pública
docente a lo largo del año 2010 y, que debía convocar en el
mes de julio de 2010 la mesa sectorial de Educación para
intentar alcanzar los acuerdos que hubieran conducido a la
aprobación del citado Estatuto.
Ahora intentamos de nuevo urgir al Gobierno para que ponga
en marcha -y las ha puesto ya- las negociaciones y trámites
necesarios para aprobar este Estatuto.
La necesidad de este Estatuto viene avalado porque en él se
debe recoger y desarrollar las ya viejas demandas del
profesorado, entre las que destacan el reconocimiento de la
autoridad del profesor tan maltrecha y pisoteada en los
últimos años.
Estamos seguros que para los docentes no universitarios: el
condicional aumento de la ratio (se ha ofrecido esa
posibilidad a las CCAA, no obligación), de 25 a 28 alumnos
en Primaria o de 30 a 33 en Educación Secundaria, el
aumentar su actividad lectiva en una o dos horas, -que no su
jornada laboral-, situaciones que ya se venía asumiendo en
nuestra Ciudad, la disminución de liberados sindicales o las
actividades de formación presencial, no es el principal
problema o reivindicación.
El principal motivo de intranquilidad, es sin duda alguna,
la falta de respeto y consideración con los docentes y la
labor social que imparten. Lo que de verdad importa a los
maestros y profesores es la mejora del clima y convivencia
en aula, para poder llevar a cabo su importantísima misión,
lo que de verdad les importa a los docentes es no tener que
sufrir afrentas y desprecio por parte de de algunos alumnos
y alumnas, que envalentonados porque saben de la debilidad
de las sanciones y, que al final, terminarán promocionando
de curso, incluso en la mayoría de los casos obteniendo la
titulación buscada, perjudicando al resto de compañeros.
Todo ello, a veces por desgracia, sin el apoyo de los
propios padres. En una palabra, que valores tan necesarios
y, hoy denostados, como el respeto y el esfuerzo vuelvan a
las aulas.
Con la aprobación de esta moción en los términos que a
continuación se recoge: “El Senado insta al Gobierno a
iniciar los trámites necesarios para la elaboración de un
estatuto de personal funcionario docente no universitario
consultando a los agentes sociales en el proceso de
elaboración de dicho estatuto que será abordado en la mesa
sectorial de Educación. Asimismo, respetando las
competencias de las comunidades autónomas, se iniciará un
proceso negociador en el marco de la Conferencia Sectorial
de Educación para intentar alcanzar el consenso en la
redacción de dicho estatuto.”
Esperamos que, esta vez se logre el anhelado Estatuto
Docente, y en ello se ha puesto ya Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte que ha constituido un grupo de trabajo
presidido por el director general de Formación Profesional
para poner en marcha todos los estudios necesarios que
conduzcan en el plazo más breve posible a la aprobación del
estatuto que recoja las demandas del colectivo de la
enseñanza, entre las que destacan, además de la
consideración como autoridad del profesor, el desarrollo de
la carrera docente (para que puedan desarrollar sus
expectativas profesionales, incentivando a los mejores en
función de su trabajo y dedicación), o el acceso a la
función pública docente donde se prime el mérito y la
capacidad que permitirá captar a los mejores para la escuela
pública, y como consecuencia poder atender a los retos que
la sociedad del siglo XXI nos demanda.
* Senador por Ceuta
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