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					La Ley de Estabilidad Presupuestaria entró ayer en vigor 
					después de salir publicada en el Boletín Oficial del Estado. 
					La Ciudad se suma en calidad de autonomía y no de 
					ayuntamiento a esta norma cuyo objetivo es “garantizar la 
					solvencia” de las Administraciones, según recuerda Guillermo 
					Martínez Arcas. 
					 
					Ya está hecho. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y 
					Sostenibilidad Financiera entró ayer en vigor después de que 
					se publicara en el Boletín Oficial del Estado. Una normativa 
					a la que Ceuta se suma como autonomía y que obliga a todas 
					las administraciones públicas a tener déficit cero a partir 
					del año 2020.  
					 
					La nueva ley introduce la deuda pública como criterio de 
					sostenibilidad presupuestaria y esta no podrá superar el 60% 
					del PIB. A la vez, obliga a todas las administraciones a 
					presentar equilibrio o superávit pero en ningún caso 
					déficit. No obstante deja margen a aquellas administraciones 
					que estén llevando a cabo reformas estructurales con efectos 
					presupuestarios a largo plazo o en situaciones 
					excepcionales, como catástrofes naturales, recesión 
					económica o situación de emergencia extraordinaria, que 
					podrán presentar un déficit estructural del 0,4%. Un 
					planteamiento con el que el Gobierno ceutí se muestra de 
					acuerdo y así lo manifestaba ayer a este diario el nuevo 
					consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos, 
					Guillermo Martínez Arcas. 
					 
					“El objetivo es garantizar la solvencia de las cuentas 
					públicas” manifestó el popular para asegurar que desde la 
					Administración local se acatarán todos los requisitos 
					impuestos en esta norma. Y es que, aquellos que no la sigan 
					al pie de la letra corren el riesgo de ser intervenidos. En 
					caso de incumplimiento, la administración deberá constituir 
					un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los 
					seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los 
					incumplimiento se reiteren y pasados nueve meses el 
					Ministerio de Hacienda podrá evaluar la situación económica 
					de la misma. No obstante, desde la Ciudad confían en que 
					esta sanción no se llegue a aplicar a la Administración 
					local, según lo expresó Martínez Arcas. 
					 
					El consejero recuerda como Ceuta se ha implicado para lograr 
					la estabilidad presupuestaria y apunta al Plan de 
					Sostenibilidad que se aprobó en el pleno de la Asamblea. Un 
					iniciativa que se ha llevado a cabo por iniciativa de la 
					Ciudad y que, al contrario que las comunidades, no se ha 
					tenido que presentar a Madrid. 
					 
					Por contra, el cumplimiento de los objetivos se tendrá en 
					cuenta para autorizar emisiones de deuda, conceder 
					subvenciones o suscribir diferentes convenios. Mientras que 
					las sanciones impuestas a España por la Unión Europea en 
					materia de estabilidad serán asumidas por la administración 
					responsable.  
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					Los presupuestos, sujetos a la aprobación previa del Estado 
					Una de los requisitos impuestos 
					por la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria y 
					Sostenibilidad es que las Administraciones sometan las 
					líneas generales de sus presupuestos a la aprobación del 
					Estado para evitar situaciones de incumplimiento de déficit. 
					Una medida que según el Gobierno supone una de las grandes 
					reformas estructurales para reforzar la estructura 
					institucional de España. Mientras, desde Ceuta se ve con 
					buenos ojos este control por parte del Estado según explicó 
					Guillermo Martínez Arcas. El consejero alegó que parece 
					razonable que “desde el Ministerio de Haciendas de el visto 
					bueno a los presupuestos”. Una condición en la que la ciudad 
					parte con ventaja ya que parte de sus presupuestos se basan 
					en las partidas que se reciben desde los Presupuestos 
					Generales del Estado.  
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