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					Los anuncios de los ejecutivos local y central, representado 
					este en Ceuta por el delegado del Gobierno, no parecen 
					intimidar en absoluto a los infractores de las leyes y 
					normativas urbanísticas. La construcción ilegal campa a sus 
					anchas mientras ambas administraciones “intensifican” su 
					“coordinación” para erradicar el problema. Viviendas 
					ilegales que hace unas semanas estaban en los cimientos son 
					hoy la avanzadilla de una nueva zona de “expansión” de la 
					barriada del Príncipe hacia Loma Colmenar. En el Recinto, 
					los representantes vecinales denuncian una situación similar 
					que ha generado zonas inaccesibles y caóticas. 
					 
					Un sencillo paseo por determinadas zonas de la ciudad revela 
					que los infractores de las más elementales normas de 
					disciplina urbanística y seguridad laboral no temen en Ceuta 
					sanción alguna. El Príncipe o el Recinto Sur, la Almadraba, 
					Pasaje Recreo..., son pasto diario de una situación que 
					desde el Gobierno de la Ciudad lamentan se viene produciendo 
					desde hace “treinta años”.  
					 
					Mientras los dos gobiernos, central y local, anuncian haber 
					“intensificado” su coordinación en la lucha contra este 
					problema, cada vez son más las zonas inaccesibles para las 
					fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia, grandes 
					superficies urbanizadas sin control, como es el caso del 
					Príncipe y el Recinto Sur. También hay terrenos que deberían 
					destinarse a jardines, colegios y otras dotaciones y 
					equipamientos que han sido usurpadas por construcciones 
					consolidadas. En el caso de las zonas clasificadas como 
					verdes, algo que ocurre en los aledaños del colegio Reina 
					Sofía, en el Príncipe, la ocupación de estos terrenos está 
					tipificada no como una simple falta o infracción, sino como 
					un delito que nadie parece perseguir en Ceuta. 
					 
					Hace apenas unos días, el entonces consejero de Fomento 
					(departamento que ha cambiado de titular) informaba de que 
					son diez los expedientes por delitos urbanísticos remitidos 
					a la Fiscalía en los últimos años. Sin embargo, y a 
					diferencia de lo que ha ocurrido por ejemplo, en ciudades 
					del entorno de Ceuta, como es Málaga, nada se sabe en Ceuta 
					de sentencias de derribo de estas edificaciones ilegales. 
					 
					Mientras tanto, los ejemplos de infractores que hacen caso 
					omiso de la ley siguen siendo tan reales como que una casa 
					que hace dos semanas se encontraba en su fase constructiva 
					inicial en una vaguada de Loma Colmenar aparece ya casi 
					terminada, con el revoco y la pintura de sus fachadas, a los 
					ojos no ya de la policía, sino de cualquier ciudadano que 
					quiera observar el proceso o de los periodistas que toman 
					nota del mismo. 
					 
					La Ciudad busca entre tanto, con la “colaboración” de la 
					Delegación del Gobierno el modo de “atajar de raíz” estas 
					construcciones “en el momento en que se detectan”. Según 
					señalaba el pasado 19 de abril el presidente de la Ciudad, 
					Juan Vivas, el problema está en que la normativa “no permite 
					una actuación lo suficientemente ágil”. Lo que sí parece 
					“ágil” es la actuación de quienes en pocas semanas e 
					infringiendo a la luz del día las leyes y normas de 
					seguridad laboral, levantan edificios de dos y tres plantas 
					en terrenos usurpados al patrimonio público. 
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					Del “refuerzo” de la unidad de Disciplina urbanística al 
					cambio en la normativa 
					En el tema de la construcción 
					ilegal se ha pasado en la ciudad en los últimos años de 
					anunciar medidas de “refuerzo” de la Unidad de Disciplina 
					Urbanística y cambios en la normativa local, a poner el 
					acento por parte del Ejecutivo local en la necesidad de 
					modificar las obsoletas leyes urbanísticas vigentes en la 
					ciudad. 
					 
					Pero por el camino también se han realizado reformas de las 
					normativas municipales, en concreto, el anterior consejero 
					de Fomento, Juan Manuel Doncel, emitió en 2010 un decreto 
					que establecía un nuevo procedimiento para “actuar 
					inmediatamente en el supuesto de perturbaciones o 
					usurpaciones recientes y flagrantes que se produzcan en 
					bienes de titularidad y dominio público” que incluía 
					“medidas cautelares”, es decir, el precinto de la obra 
					ilegal por parte de la Policía Local. Dicho decreto se puso 
					en práctica en julio de 2010 con la limpieza de una zona 
					clasificada como verde junto al colegio Reina Sofía, que 
					había sido ocupada por palés para su posterior edificación. 
					También se derribó poco después una vieja vivienda de una 
					planta y un almacén anexo lleno de basura en Los Rosales. 
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