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					El trabajo desarrollado por la Inspección de Trabajo en 
					Ceuta en el sector de la construcción arroja, en el primer 
					trimestre del año una cifra de 102 empresas visitadas con 18 
					trabajadores en situación irregular. Además, y dentro del 
					nuevo plan de lucha contra el fraude en prestaciones, se han 
					detectado dos empresas ficticias. 
					 
					Dos empresas ficticias, creadas para lograr prestaciones 
					indebidas y 102 visitas con 18 trabajadores hallados en 
					situación irregular: es parte del balance de la actividad 
					desarrollada en Ceuta por la Inspección de Trabajo y 
					Seguridad Social en el primer trimestre del año. 
					 
					Los datos oficiales, facilitados a este diario por la 
					Delegación del Gobierno arrojan para estos tres primeros 
					meses del año, y del nuevo Ejecutivo y como dato más 
					novedoso el de esas dos empresas “fantasma” detectadas en la 
					ciudad en este sector de actividad. En total, han sido 69 
					los trabajadores de alta en estas dos empresas investigadas, 
					cuyos expedientes han sido ya remitidos a la Fiscalía. 
					Aunque por el momento tan sólo hay propuestas de sanción, 
					que habrán de ser ratificadas al final de los respectivos 
					procesos, las multas previstas en estos casos son de cientos 
					de miles de euros. 
					 
					Un centenar de visitas 
					 
					En el ámbito concreto de la construcción, la Inspección de 
					Trabajo -dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad 
					Social-, ha realizado en la ciudad autónoma entre enero y 
					marzo un total de 102 visitas a empresas. En ellas, ha 
					detectado a 18 trabajadores en situación irregular. El 
					importe de las sanciones propuestas supera los 60.000 euros. 
					 
					En lo que respecta a las Infracciones en materia de 
					seguridad y salud laboral se han abierto 19 actas; además, 
					se han llevado a cabo 64 requerimientos de información a 
					empresas. Otro sector en el que actúa la Inspección de 
					Trabajo y Seguridad Social es el de las propuestas de bajas 
					de prestaciones de desempleo a extranjeros, que en el primer 
					trimestre del año han sido en Ceuta un total de 23. 
					 
					La Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma han 
					“intensificado” su coordinación en la lucha contra la 
					construcción ilegal, una parte de la economía sumergida que 
					emplea a Ceuta en la mayoría de los casos a trabajadores 
					irregulares procedentes del país vecino. Aunque desde la 
					Delegación se asegura que no se ha dirigido especialmente la 
					actividad de los inspectores hacia este ámbito tras la 
					creación del grupo de trabajo con la Ciudad, lo cierto es 
					que la Inspección es uno de los elementos fundamentales en 
					la lucha contra este problema, junto con la labor de la 
					Policía Local y, ya en último término, de la Fiscalía, en 
					los casos en los que existen indicios de delito.  
					 
					El Área de Disciplina Urbanística de la Ciudad también 
					recoge en las actas que abre por obras ilegales la denuncia 
					tanto del presunto promotor de la misma como de los 
					trabajadores que se logra sorprender in fraganti y para cuya 
					identificación cuenta con la ayuda de un agente de la 
					policía local destinado específicamente a este servicio. 
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					Un plan de lucha contra el fraude que abarca hasta finales 
					de 2013 
					El Consejo de Ministros aprobó el 
					27 de abril un acuerdo que contiene un Plan de lucha contra 
					el fraude en el ámbito del empleo y la Seguridad Social, con 
					el principal objetivo de actuar “contra comportamientos que 
					atentan contra los derechos de los trabajadores y que 
					afectan a la competitividad de las empresas que cumplen con 
					sus obligaciones legales”. La iniciativa abarcará hasta 
					finales de 2013 y busca entre otras cosas “impulsar el 
					afloramiento de la economía sumergida, a fin de regularizar 
					las condiciones de trabajo y generar mayores recursos 
					económicos para el sistema por el pago de cotizaciones” y 
					corregir “la obtención y el disfrute en fraude de ley de las 
					prestaciones, particularmente en aquellos supuestos en que 
					se constituyen empresas ficticias creadas con la única 
					finalidad de defraudar a la Seguridad Social”. 
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