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Los socialistas españoles que
ocupaban el Gobierno de España hace apenas cinco meses son
los mismos que ahora se esfuerzan en convencer a la
ciudadanía que no tienen ninguna responsabilidad en la
situación en la que se encuentra el país en estos momentos.
Los mismos que negaron hace cuatro años los síntomas de una
crisis que se precipitaba sobre la economía española, los
mismos que meses después negaron la existencia de una
profunda recesión que nos llevaría a las cifras actuales de
déficit público y desempleo y los mismos que durante todo
este tiempo fueron incapaces de adoptar las medidas
correctoras necesarias.
Los mismos socialistas que meses antes de las Elecciones
Generales del pasado mes de noviembre ocultaban la cifra
real del déficit público a la ciudadanía al señalar que la
misma se encontraba en el 5,3% cuando la cifra real se
situaba en el 9%. Una diferencia sustancial que ha marcado
profundamente las primeras decisiones del actual Gobierno y
las consiguientes críticas de quienes presuntamente
enmascararon las cifras reales de forma premeditada.
Circunstancia que ha originado que un histórico dirigente
del partido socialista, José Bono, haya catalogado de
hipócritas a sus compañeros de formación en una entrevista
publicada la pasada semana “Sería cínico decir que quien ha
gobernado no tiene nada que ver con cinco millones de
parados”.
Pues bien, la situación en la que el Partido Popular se ha
encontrado el país tras siete años de gestión de un Gobierno
socialista liderado por José Luis Rodríguez Zapatero y
Alfredo Pérez Rubalcaba y no otras, ha sido el origen que ha
obligado a la adopción de medidas impopulares no deseables
aunque, totalmente necesarias para posibilitar en el menor
tiempo posible recuperar la senda del crecimiento económico.
Medidas temporales y provisionales cuya única intención es
garantizar la continuidad de unos servicios esenciales a
través de la racionalización en el gasto, eliminando todo lo
superfluo. Por señalar un claro ejemplo, España es el
segundo consumidor mundial en productos farmacéuticos, cada
año se destruyen en nuestro país 3.700 toneladas de
fármacos.
Quienes han originado el mayor ataque al Estado del
Bienestar después del protagonizado por otro Gobierno
socialista, el de Felipe González, acusan ahora al Ejecutivo
del Partido Popular de querer destruir un sistema construido
por todos los españoles sin excepción alguna desde el inicio
de la democracia. Una compleja labor desarrollada por todos
y cada uno de los partidos políticos españoles a lo largo de
una historia que comenzó años atrás. En definitiva, el
Partido Popular recoge un país hundido en la mayor crisis
socio económica de nuestra historia política como
consecuencia de la incapacidad del Gobierno anterior con la
única intención de devolvernos a la senda del crecimiento en
el menor tiempo posible de la única forma conocida,
aplicando las medidas correctoras correspondientes
recomendadas todas ellas por los expertos y organismos
competentes en esta materia.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
