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No suele ser habitual que los acusados de delitos contra la
salud pública se arriesguen a cumplir más años de cárcel en
lugar de prestarse a conformidad. Es lo que hizo ayer Lakbir
H., quien insistió en ser juzgado y enfrentarse a más años
de cárcel para, por boca de su abogado, presentar su difícil
situación familiar como un hecho que juegue en su favor de
cara a una sentencia benévola.
El Lakbir H. cuyo abogado estaba negociando con la fiscalía
una pena de conformidad por un delito contra la salud
pública, insistió ayer en ser juzgado -enfrentándose a penas
mayores- para tener la posibilidad de conseguir una
sentencia benévola a causa de su situación familiar.
Fue localizado el día 65 de marzo a las 19.15 horas en el
puerto cuando pretendía embarcar hacia Algeciras con un
vehículo “preparado”. Él aseguró que los traficantes que le
propusieron el negocio le dijeron que le iban a colocar en
el coche, un Nissan Almera, “uno o dos kilogramos” de
hachís. Cobraría 1.500 euros por hacer el “pase”. En
realidad, transportaba 17.937 gramos de droga, con un valor
estimado de casi 25.000 euros.
Su defensa, teniendo en cuenta las cargas familiares que
tiene en Almería, donde reside con su esposa y sus tres
hijos de corta edad, puso esta circunstancia a la
consideración de la juez de lo Penal número 1 de Ceuta. El
hombre perdió por desahucio una carnicería que regentaba y
también se enfrenta a una ejecución hipotecaria por su casa.
Estas circunstancias son las que motivaron a que decidiera
ir a juicio. El fiscal solicita tres años y nueve meses de
prisión más una multa de 85.485 euros, que supondrán una
responsabilidad personal subsidiaria en caso de no poder
pagarla de 150 días más de cárcel. Si hubiera aceptado
conformidad, la multa se hubiera resuelto con sólo tres días
de privación de libertad.
Por contra, su abogado solicita una pena de dos años de
prisión, lo que supondría que podría estar en libertad, dado
que carece de antecedentes penales. Desde que cerrara su
negocio en 2009, Lakbir, que carece de cualquier tipo de
prestación o subsidio, estuvo viviendo de unos ahorros, pero
cuando se le acabaron, optó por aceptar el ofrecimiento para
pasar la droga a la península. El hombre aduce, además, que
su mujer está sola con sus tres hijos y se halla sin
trabajo. El abogado defensor argumentó además su
colaboración con las autoridades y en la instrucción.
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