|
El Pleno ha aprobado, sólo con los votos del Partido
Popular, la operación de crédito para financiar el Plan de
Pago a Proveedores, regulado por Real Decreto, por un
montante económico de casi 80 millones de euros. Un crédito
a diez años con un 5% de interés y con dos años de carencia.
Supone este crédito 12 millones de euros durante diez años,
un 3% del Presupuesto. Se trata de hacer tabla rasa y
satisfacer la demanda de tantos y tantos empresarios que se
han visto agobiados por una situación sobrevenida que les ha
ido estrangulando económicamente.
Hemos llegado a un punto en el que no hay pequeña o mediana
empresa en Ceuta a la que el Ayuntamiento no le deba dinero.
Y esta dinámica ha de dar un giro copernicano, ya que no es
de recibo que, si una vez el Gobierno por ley, facilita el
pago para que discurra el dinero y el tejido empresarial se
reactiva, se vuelva a las andadas. Un hecho que, si no se
empieza a solucionar ya mismo, pudiera comenzar a darse en
este 2012, donde ya empiezan a acumularse, de nuevo facturas
por pagar.
Los gastos corrientes, por ley, no se pueden pagar con
crédito, pero el Gobierno de la nación ha querido dar un
balón de oxígeno a los empresarios y, al igual que hizo en
2009, ha vuelto a hacer una excepción a la norma.
Circunscribiéndonos a Ceuta, sería necesario un ejercicio de
autocrítica por parte del Gobierno de Vivas para que la
situación actual no se repita ni los agujeros se hagan tan
grandes ni, lo que es más importante, con tantos empresarios
perjudicados.
Hay que decir alto y claro que, dar lugar a cientos de
facturas sin consignación presupuestaria, con tanta alegría,
es una práctica irresponsable que debe desaparecer. No se
puede arruinar a pequeñas empresas, algunas de ellas
familiares, por la laxitud de los políticos o las alegrías
con encargos que luego no tienen ningún soporte legal. No
puede llevarse al empresario a un verdadero jeglorifico de
gestiones cuando pretende cobrar una factura por un servicio
que ha hecho y ha de sortear una serie de obstáculos para
luego no cobrar o, si quiere hacerlo, aferrarse a una
palabra que nada vale, con toda una serie de promesas
incumplidas.
Retrasar los pagos conlleva, a veces, condenar a más de una
empresa que no tiene la solvencia suficiente como para
mantener empleados durante meses y meses sin percibir ni un
euro por un trabajo que creía garantizado en su cobro porque
lo encargaba el Ayuntamiento.
Ya está bien de utilizar a los pequeños empresarios como
conejillos de indias. El que trabaja quiere cobrar y aquél
que encarga un servicio, ha de abonarlo, llámese como se
llame, Ayuntamiento o Fulanito de Tal. Con la diferencia
que, desde una institución pública se ha de dar imagen de
seriedad, rigor y conducta intachable en todos y cada uno de
los actos y no siempre sucede, pese a la normativa que todo
lo regula. Si el Gobierno local no se da un giro a su forma
de gestionar en este sentido, el ‘pago a proveedores’ puede
empezar a ser un caldo de cultivo para la oposión,
convirtiéndose en terreno fértil para Aróstegui y sus
‘caballas’.
Esta especie de “amnistia a la morosidad de los
Ayuntamientos” demuestra que, no están todos los que son. A
las pruebas hay que remitirse: han salido de cajones
facturas con telarañas y, lo peor, es que ahora, ya
comiencen a acumularse otras nuevas en este 2012. De hecho
hay empresas que debieron cobrar en enero y aún no lo han
hecho. Como diría un castizo, “salimos de Málaga y nos
metemos en Malagón”.
|
OPINIÓN
/
