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					La parcela que la Ciudad ha ofrecido al Ministerio del 
					Interior para la construcción de la Jefatura Superior de 
					Policía Nacional es uno de los puntos en los que han 
					proliferado las construcciones ilegales. Sin embargo, 
					barriadas como el Recinto Sur, la Almadraba o Pasaje Recreo, 
					se ven afectadas también por estas prácticas de ocupación de 
					terrenos públicos. 
					La parcela que la Ciudad ha ofrecido al Ministerio del 
					Interior para la posible construcción de la Jefatura 
					Superior de Policía Nacional es uno de los puntos en los que 
					han proliferado las construcciones ilegales. En estos 
					últimos dos años, EL PUEBLO ha informado de varios 
					asentamientos. La primera ocasión fue el 20 de julio del año 
					2010, cuando este diario denunciaba la ocupación del mismo 
					lugar, una parcela de 15.000 metros cuadrados clasificada 
					como zona verde. Una parte del solar pertenece a la Ciudad y 
					la otra, a Defensa.  
					 
					Hace menos de dos años estaba siendo “parcelada” e incluso 
					se cercaron varias partes para construir viviendas. En 
					aquellos momentos, la Administración local anunció que 
					disponía de un nuevo procedimiento para detener las obras 
					ilegales. Tal y como informaba este diario en julio de 2010, 
					el artículo 139 del Código Penal, el primero del Título XVI, 
					establece penas de cárcel por delitos de “construcción no 
					autorizada” en terrenos públicos. Además, las entidades 
					locales disponen para la persecución de estas infracciones, 
					de Ordenanzas Reguladoras de la Discicplina Urbanística como 
					la que la Ciudad reformó en 2010 previa autorización de la 
					Asamblea y con el fin de “agilizar” el procecimiento, se 
					explicaba entonces. La normativa entró en vigor el 16 de 
					julio al publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad. En 
					aquel momento, la respuesta tomada por el Ejecutivo local 
					fue “rápida”, según subrayaba el presidente Juan Jesús 
					Vivas, en la edición de este medio del 29 de julio de 2010. 
					Las excavadoras entraron a derribar estas construcciones que 
					disponían de unas vistas privilegiadas al mar en una zona 
					que, según el Plan Especial del Príncipe, está clasificada 
					como zona verde y de equipamiento deportivo.  
					 
					La parcela se ‘limpió’ y también se derribó poco después una 
					vieja vivienda de una planta y un almacén anexo lleno de 
					basura en Los Rosales. En el caso de zonas clasificadas como 
					verdes, algo que ocurre en los aledaños del centro de 
					menores San Ildefonso, la ocupación de estos terrenos está 
					tipificada no como una simple falta o infracción, sino como 
					un delito.  
					 
					En mayo de 2012, la situación ha cambiado. Desde el Gabinete 
					de Comunicación se negó que en los terrenos hubiera 
					ocupación ilegal a pesar de que en las imágenes de la visita 
					del ministro se observara lo contrario.  
					 
					Si Interior decidiera construir la Jefatura en esta parcela, 
					habría que derribar las viviendas que se encuentran fuera de 
					ordenamiento, como ocurre en algunas que se encuentran 
					dentro de la vaguada. Estas construcciones han causado que 
					haya tan sólo un acceso en el que a duras penas puede caber 
					una persona. No sólo este lugar del Príncipe se ha 
					convertido en una zona habitual de este tipo de actividades.
					 
					 
					Este diario denunció el pasado 3 de mayo que los infractores 
					parecen no haber tomado nota de loas anuncios tanto de la 
					Ciudad como de la Delegación del Gobierno respecto a la 
					“intensificación” del control de la disciplina urbanística. 
					A pesar de estos anuncios, cada vez son más las zonas 
					innaccesibles para las fuerzas de seguridad y los servicios 
					de emergencia, tal y como ya han manifestado los propios 
					residentes en varias ocasiones, quienes sí cumplen la ley.
					 
					 
					Barriadas como el Recinto Sur sufren una situación similar y 
					el presidente de la asociación de vecinos, José María 
					Romero, explicaba ya a principios de mes que los residente 
					viven rodeados de viviendas ilegales. También consideraba 
					que se hacía la “vista gorda” por parte de las dos 
					administraciones y solicitó que, si se toman medidas en 
					cuanto a la regularización de obras en el Príncipe, tendría 
					que ocurrir en el resto de barrios. También Pasaje Recreo o 
					la Almadraba se ven afectados por unas prácticas que 
					incomodan al resto de ciudadanos.  
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