|
Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que en nuestro
sistema público de salud trabajan los mejores profesionales,
con ratios de calidad a la altura de cualquier país europeo
y puntero en materia de investigación, con independencia de
quién lo gestione en cada momento determinado. Da respuesta
a un derecho ciudadano de elevadísimo coste que en España es
una de las patas en que se asienta el Estado del Bienestar,
pero sin olvidar que es un derecho al que sólo accede un 20%
de la población mundial. El aumento del déficit público
obliga a todos los sectores a priorizar, pero la
sostenibilidad y preservación de un servicio esencial en
tiempos de escasez como los actuales han de quedar
aseguradas. Cierto es, y los ciudadanos somos los primeros
en comprenderlo, que no puede haber de todo para todos
durante todo el tiempo, pero también lo es que debemos
mejorar en todas las facetas que colaboren en la gestión de
lo que tenemos.
Dentro del programa de reformas y ajustes que el Gobierno
está desarrollando con el único fin de que este país sea
sostenible y vuelva a funcionar, la ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha planteado a los
responsables autonómicos de esta área en las distintas
comunidades autónomas las medidas de reforma del Sistema
Nacional de Salud, que garantizan que la sanidad en España
siga siendo pública, universal y de calidad.
Con el objetivo final de llegar a un gran pacto que avale la
viabilidad del sistema y garantice un nivel asistencial
uniforme en todo el país y una misma cartera de servicios,
se ha aprobado una reforma que supone un verdadero mensaje
de tranquilidad y confianza en el futuro.
El plan de reforma permitirá generar un ahorro que supera
los 7.000 millones de euros, esto es, en torno a un 10% del
gasto sanitario público, pero muy especialmente asegurará un
Sistema Nacional de Salud sólido y una cartera básica de
servicios, en el que todos los españoles, con independencia
de la comunidad en la que vivan, tengan acceso a las mismas
prestaciones sanitarias.
Obviando estos y otros muchos avances, se ha pretendido
cargar las tintas en las medidas dirigidas a poner en valor
el medicamento. España es el segundo consumidor mundial de
fármacos, y destruye cada año 3.700 toneladas de
medicamentos pagados, porque han caducado o no se han
utilizado. Limitar esta tendencia ahorraría a nuestras arcas
públicas más de 1.000 millones de euros.
La polémica que se ha querido generar de forma maliciosa en
torno a esta reforma es poco menos que absurda. Para
empezar, los desempleados de larga duración no tendrán que
pagar por los medicamentos. Nada. En el resto de los casos,
la aportación del usuario a los fármacos se hará de manera
más justa que hasta ahora, en función de la renta.
Los pensionistas con menos recursos, es decir, aquellos con
pensiones no contributivas, también quedarán exentos,
mientras que los ciudadanos con rentas más altas, es decir,
iguales o superiores a los 100.000 euros anuales, pasarán de
pagar el 40% de los fármacos, como hasta ahora, a aportar el
60%. Una apuesta por la equidad y la racionalidad.
En cuanto a los jubilados, los pensionistas con rentas bajas
sólo pagarán el 10%, con un tope de ocho euros al mes. Las
familias numerosas, además, ven rebajada su aportación
anterior al sistema y tan sólo pagarán el 40%.
Pero es que, además, la reforma se ocupa de uno de los
aspectos que hasta ahora nadie había querido tocar, el
complicado asunto del llamado turismo sanitario, por el que
se ha desangrado en los últimos tiempos la sanidad pública,
ya que se estaba asumiendo, con cargo a nuestras arcas, la
asistencia de personas que ya tienen este servicio en sus
países de origen.
Se estima que unos 700.000 extranjeros han accedido sin
derecho a la tarjeta sanitaria, lo que ha ocasionado un
gasto de 917 millones de euros. Para evitar, por tanto, que
haya ciudadanos de otros países con solvencia económica que
puedan beneficiarse gratis de los servicios de calidad que
presta España, se llevará a cabo una adaptación a la
normativa europea, de manera que podamos facturar de manera
directa al país de origen estas intervenciones.
Son muchas las ventajas que incorpora este reforma, por más
que Rubalcaba y su grupo se hayan apresurado a
descalificarla y a alentar a los ciudadanos a salir a la
calle a protestar en su contra, cayendo en una grave
irresponsabilidad, cuando el déficit que ellos crearon sí
puso en peligro pensiones, sanidad y educación.
La sanidad del siglo XXI ha de ser personalizada y cercana,
manteniendo una buena relación médico-paciente, en la que
sea posible elegir el especialista que queremos que nos
trate, con más y mejor información, y la resolución de retos
pendientes como las historias clínicas telemáticas y la
receta electrónica, que dependen del correcto
aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Esos logros se
culminarán, seguro, después del ahorro que producirán las
medidas aprobadas estos días, que sientan las bases del
anhelado Pacto por la Sanidad, que avale la prevalencia de
un sistema cuya calidad es fruto del trabajo denodado de
millares de profesionales que ponen su esfuerzo y formación
al servicio del ciudadano. Y eso no se paga con dinero.
*Senador del Partido Popular
|
OPINIÓN
/
COLABORACIÓN
