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Reunidos en Madrid, en la sede Confederal de USO los días 1
y 2 de marzo, los responsables de formación de la
Confederación, Uniones y Federaciones, consideramos un deber
hacer una declaración dirigida al gobierno de España, al de
las Comunidades Autónomas y a la sociedad en su conjunto
respecto al sistema de formación para el empleo.
Desde la Unión Sindical Obrera, tercera fuerza sindical en
representación en nuestro país, entendemos la Formación para
el Empleo como un derecho de los trabajadores y no de las
organizaciones sindicales ni patronales. Nos debe hacer
reflexionar el hecho de que la Formación para el Empleo se
financia fundamentalmente con las cuotas de los
trabajadores, de su trabajo, con independencia de su
afiliación a los sindicatos, sean mayoritarios o no. Deben
de priorizarse, por lo tanto, los intereses de éstos, en
términos de calidad y eficacia. Afiliados y representantes
de los trabajadores de USO, y de otras organizaciones
sindicales, se ven obligados en muchos casos a hacer
formación con “los sindicatos más representativos”, aunque
en sus empresas o sectores no tengan ni un solo afiliado o
sus siglas no tengan representación sindical alguna.
Desde USO llevamos muchos años batallando jurídicamente
nuestro derecho a solicitar planes de formación
intersectoriales y sectoriales, tanto a nivel autonómico
como estatal. No podemos dejar a los trabajadores en manos
de “los más representativos” y de lo que ellos practican
como Formación para el Empleo, aunque no estemos de acuerdo
con el sistema en su conjunto. Después de muchas sentencias
favorables y a pesar del sectarismo interesado de algunas
organizaciones, en muchas Comunidades Autónomas ya nos están
permitiendo participar de la Formación para el Empleo en
igualdad de condiciones, así como en la convocatoria del
programa específico de ámbito estatal de cualificación y
mejora de la empleabilidad de jóvenes menores de treinta
años. En la línea de esas Sentencias, creemos que la
formación no es materia de las encuadradas dentro de lo que
se denomina representación institucional, como algunos
insistentemente defienden, y valoramos que en algunas
convocatorias autonómicas desaparezca el término “más
representativas”, reconociendo el derecho de USO a la
obtención de la condición de solicitante.
En convocatorias estatales pasadas de planes
intersectoriales, hemos sufrido durante años una
injustificable discriminación a la hora de poder acceder,
pues a los sindicatos se les exige la condición de la mayor
representatividad, mientras que para la ejecución de planes
de formación dirigidos a colectivos de personas trabajadoras
y socios de la economía social, se requería a los
solicitantes tener únicamente “suficiente implantación en el
ámbito estatal”, al igual que para los dirigidos al
colectivo de trabajadores autónomos, que podían ser
solicitantes las asociaciones profesionales de trabajadores
autónomos de carácter intersectorial “representativas” en el
ámbito estatal, así como otras organizaciones a las que no
se les exige lo mismo.
En el caso de los planes sectoriales, a todos los que no
contamos con la denominación de “más representativos”
también se nos exige tener esa condición en ese determinado
sector, mientras que si CCOO y UGT no tienen representación
alguna en ese sector pueden ser igualmente ser solicitantes,
lo que no parece tener lógica alguna si para el resto de las
solicitudes se toma como argumento supremo el de la
representatividad. El dinero de los trabajadores para la
Formación para el Empleo no puede seguir siendo un coto
privado de las patronales, CCOO y UGT, y debe volver a las
manos de todos los trabajadores.
Desde USO también creemos que hay que eliminar o modificar
alguna de las funciones y competencias que tiene la Comisión
Permanente del Patronato de la Fundación Tripartita, así
como los criterios de valoración de las solicitudes, ya que
no se garantiza la necesaria imparcialidad, objetividad,
seguridad jurídica y transparencia tanto en la instrucción
del procedimiento como en el sistema de valoración. No
parece tener mucho sentido que el solicitante sea, además,
el que redacta la norma, el que valora, el que evalúa, el
que concede y el que ejecuta.
A nuestro modo de ver, no se respetan los principios de
publicidad, transparencia, concurrencia competitiva,
objetividad, igualdad y no discriminación en el
procedimiento de adjudicación de las subvenciones,
principios establecidos en la Ley General de Subvenciones,
ya que las valoraciones no siguen criterios estrictamente
objetivos y no se conocen las valoraciones concretas de
todos los interesados, lo que exige un ejercicio de fe ciega
por parte de los solicitantes que no han obtenido
subvención.
La Fundación Tripartita debe reconsiderarse en su totalidad,
pues no la consideramos necesaria si gestionase la
administración directamente, además supone unos costos
elevadísimos que se podrían destinar a los objetivos de la
Formación para el Empleo, que no olvidemos, son los de
favorecer la formación a lo largo de la vida de los
trabajadores desempleados y ocupados, mejorando su
capacitación profesional y desarrollo personal, y
proporcionar a los trabajadores los conocimientos y las
prácticas adecuados a las competencias profesionales
requeridas en el mercado de trabajo y a las necesidades de
las empresas, y no el de la subsistencia del propio sistema
con estructuras exageradamente y costosamente agrandadas y
de muy discutible utilidad.
Desde USO demandamos enérgicamente que las subvenciones para
la formación de los trabajadores no sirvan de manera alguna
para financiar estructuras sindicales ni patronales, ni para
comprar favoritismos o paz social. Consideramos que éstos
pueden ser los principales obstáculos del actual sistema, y
que son, además, indirectamente motivo de ineficacia y
mediocridad de los resultados formativos que deberían
éticamente perseguirse. La Formación para el Empleo ha
sufrido una silenciada privatización a lo largo de estos
años en manos de UGT, CCOO y las patronales: en la práctica
totalidad de acciones formativas actúan únicamente de
intermediarios comisionistas, subcontratando la ejecución a
empresas privadas, multiplicando con este sistema los costes
hasta por seis, que si fuera la administración quien
directamente la gestionara. Los sindicatos deberíamos estar
en la programación y en la evaluación de esa formación pero,
¿cual es el motivo de que también queramos estar en la
ejecución y de que esos fondos pasen por las cuentas
corrientes de los sindicatos y posteriormente al de empresas
privadas?... ¿eso aporta calidad, efectividad, o es garantía
de transpariencia...? Desde USO estamos convencidos de que
no.
Los sindicatos debemos vivir de las cuotas de nuestros
afiliados y no de otros ingresos que nos asignen por la
puerta de atrás un determinado gobierno o sus leyes
correspondientes del dinero de todos los trabajadores. Si se
trata de la financiación de los sindicatos por lo menos
hágase directamente una ley, con luz y taquígrafo, con su
correspondiente publicación en el BOE, sin pervertir el
destino de otros fondos que no están pevistos para otros
fines.
Tras la publicación del Real Decreto Ley 3/2012 de medidas
urgentes para la reforma laboral, y leer la preocupante
redacción de los temas referentes a formación, en especial
la Disposición Final Séptima; y en la medida en que el IV
Acuerdo Nacional de Formación está prorrogado seguramente
entre otros motivos por las sentencias obtenidas por USO, y
desde el convencimiento de que urge en la coyuntura actual
la modificación del Real Decreto 395/2007, el Gobierno debe
ponerse manos a la obra, tiene una oportunidad única para
mejorar y dirigir de una vez la Formación para el Empleo a
buen puerto. Los desempleados y trabajadores de este país lo
necesitan hoy más que nunca. A las patronales, a CCOO y UGT,
al Gobierno de España y a los Gobiernos Autonómicos les
pedimos y exigimos que dejen ya de jugar con estos fondos y
que los destinen honesta y eficazmente a su noble fin.
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OPINIÓN
/
COLABORACION
