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La Ciudad, a través del viceconsejero de Hacienda y Gestión
Interna, Manuel Carlos Blasco, ha ofrecido una “alternativa”
a adjudicatarios de viviendas de protección oficial que
recibieron notificaciones de deshaucio el pasado mes de
febrero. Según han informado los presidentes de las
asociaciones de Loma Colmenar y Al-Jalifa, las dos zonas en
las que hay más impagos, los residentes que así lo deseen
podrán aumentar su hipoteca de 25 a 50 años y abonar al mes
60 euros -a los que les corresponda la subvención-. El
adjudicatario que no abone durante dos meses seguidos esta
cantidad será denunciado por los Servicios Jurídicos de la
Ciudad.
La Ciudad, a través del vicecosnsejero de Hacienda y Gestión
Interna, Manuel Carlos Blasco, ha ofrecido una “alternativa”
a los adjudicatarios de viviendas de protección oficial que
recibieron notificaciones de deshaucio el pasado mes de
febrero. Según han explicado los presidentes de las
asociaciones de vecinos de Loma Colmenar y Al-Jalifa
(antiguo Poblado Legionario), los residentes que así lo
deseen podrán aumentar su hipoteca de 25 a 50 años y las
cuotas mensuales, que actualmente son de 225 euros, pasarán
a ser de 125 euros, pero “con la aplicación de las
subvenciones a la vivienda el pago final sería de 60 euros a
pagar mensualmente”. Así lo anunció a este diario el máximo
representante de Loma Colmenar, Rafael García, que ha
entregado unas cartas explicativas a los vecinos en las que
se informa de que “por la situación díficil de paro, el
viceconsejero ha comunicado esta medida”.
Además, “el contador de las deudas acumuladas se pondría a
cero, incluyéndolas en la nueva hipoteca a 50 años”. Así,
los residentes afectados, tanto de Al-Jalifa como de Loma
Colmenar, “pueden acogerse a esta modalidad de pago de 60
euros con la condición de que si fallan dos cuotas, serán
denunciados judicialmente por impago por parte de los
Servicios Jurídicos de la Ciudad”. Así se lo transmitió el
viceconsejero al propio García, que se mostró “satisfecho”
de que el Ejecutivo local opte por tomar estas medidas que
“benefician a aquellos vecinos que cobran una subvención de
unos 400 euros y no podían hacer frente a los pagos
mensuales; los residentes quieren pagar”.
Por otra parte, los vecinos que se adscriban a esta medida,
podrán hacerlo de “forma libre e independiente”. Los que
decidan que no, “deberán pagar sus deudas acumuladas y estar
al día para seguir pagando las cuotas de 225 euros pactados
al comienzo de la adjudicación de las viviendas”. El
presidente de la asociación de vecinos asegura en la misiva
que “la mayoría de los residentes” dejaron de pagar porque
“se encontraban en desempleo o cobrando ayudas”.
En Loma Colmenar 88 personas no han “pagado ninguna de las
cuotas” desde que en febrero de 2010 se entregaran las
viviendas. Un total de 17 sí que han pagado todo y 80 deben
entre cuatro y doce recibos, según resalta el propio García.
Las mayores deudas en Loma Colmenar rondan los 3.000 euros,
mientras que en Al-Jalifa ascienden incluso a 23.000 euros.
Por su parte, el representante de los vecinos de Al-Jalifa,
Abdelaziz Ahmed, agradece el trabajo llevado a cabo por la
Administración local y resalta la importancia de la
ampliación de la hipoteca. El máximo que deberán pagar los
vecinos que no hayan abonado sus cuotas ascenderá a unos 70
euros -con subvención incluida-. Ahmed se reunió ayer con
los residentes para explicarles esta nueva medida.
“El último de los pasos será arreglar todos los papeles, por
supuesto, los vecinos que así lo deseen”, resalta Ahmed.
Por último, el presidente vecinal de Loma Colmenar, en la
carta dirigida a los vecinos agradece al Partido Democrático
y Social de Ceuta (PDSC), “en concreto a Tarek Mizzian, su
presidente, por la ayuda recibida”. “Después de mucho
sufrimiento por mi parte, espero que los vecinos sepan
agradecer el esfuerzo”, asegura García en la carta.
En la primera información que publicó EL PUEBLO, el pasado
16 de marzo, se aseguró que se enviaron un total de 900
notificaciones de deshaucio por parte del Organismo Autónomo
de Servicios Tributarios (OAST). Unos días después, el 22 de
marzo, el portavoz del Gobierno local, Guillermo Martínez,
anunciaba que no se iba a deshauciar a nadie y que se
“intentaría forzar” la negociación con los residentes. Por
su parte, la coalición Caballas también manifestó su
preocupación por la situación y se reunió con el propio
Martínez.
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