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El 27 de enero de 2011 un muro de la calle Juan Carlos
García Bernal se derrumbó sobre el vehículo de un
particular. La Administración local reconoció su
responsabilidad patrimonial o lo que es lo mismo, su
obligación de responder por el daño causado por una
propiedad pública. Sin embargo, no abonó la indemnización
correspondiente y alegó que no se había consignado la
cantidad requerida en una partida presupuestaria.
Ante esta situación, al afectado no le quedó más remedio que
llevar el caso ante los tribunales. Ayer, el Juzgado de lo
Contencioso acogió la vista en la que el abogado de la
Ciudad reconocía los hechos acaecidos y por tanto la
responsabilidad de la Administración Pública. El denunciante
solicita una indemnización de 1.259 euros para reparar los
daños que sufrió su vehículo. Si la sentencia le es
favorable la Ciudad ya no tendrá excusas para pagar.
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reforma
