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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, Lorenzo del Río, cerró ayer el ciclo de ponencias
de las III Jornadas Jurídicas de Ceuta, que comenzaron el
lunes. Disertó sobre la repercusión económica y social de la
justicia efectiva. Previamente intervinieron el
vicepresidente del Tribunal Constitucional, Eugenio Gay
Montalvo, con la ponencia ‘Una Europa inacabada. Una
propuesta desde el Derecho’; y el presidente de la Sala
Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, Juan Antonio Xiol,
quien disertó sobre el diálogo en los tribunales. Altísimo
nivel y gran participación en las jornadas, la tónica
general.
Cerraron ayer las III Jornadas Jurídicas de Ceuta, con una
última ponencia a cargo del presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía (TSJA) , Lorenzo del Río, quien
disertó sobre la repercusión económica y social de la
justicia efectiva. Un asunto de gran trascendencia, máxime
en tiempos de crisis. Su charla y posteriores preguntas de
los asistentes fueron moderadas por Manuel Jesús García
Garrido, catedrático emérito de Derecho Romano de la UNED.
Del Río subrayó que la crisis conlleva variaciones en los
elementos sociales y económicos de la ciudadanía y que,
aunque parezca lejano, la repercusión de la justicia en un
entorno de crisis es muy elevada.
“En un contexto de crisis, la justicia necesita
fortalecerse”, declaró. En este sentido, destacó que la
situación de crisis generalizada se traduce en un aumento de
la carga de trabajo de la justicia, ya que el número de
procesos es muy superior al que se contabiliza en épocas de
bonanza.
Además, hay que tener en cuenta que, en el ámbito judicial,
la capacidad de reacción del Estado ante esta situación de
sobrecarga de trabajo está limitada precisamente por la
situación de crisis económica.
Como apunte, indicó que se ha detectado un aumento del 33%
-sobre los últimos diez años- de los asuntos ingresados.
Son, pues, “años muy complicados”, en los que se está
produciendo un alto índice de litigiosidad.
Lorenzo del Río constató ante el auditorio la
“imposibilidad” de aproximar la justicia a la meta del
“rendimiento óptimo” y advirtió también que el retraso
acumulado en los procedimientos “nos aleja de una justicia
ágil y eficaz. El mayor estigma de la justicia es la
lentitud”, sentenció. Bajo su punto de vista, esta lentitud
incluso ha sido asumida socialmente y todo ello se traduce
en “un claro deterioro de las garantías judiciales en el
ámbito de la temporalidad”.
Trasladado a la crisis, se producen consecuencias por
ejemplo en contratos, reclamaciones, cierres de empresas por
no haber resoluciones de los juzgados de lo Mercantil
dictadas a tiempo...
“Un sistema judicial imperfecto es perjudicial para la
actividad económica”, declaró el ponente, para quien la
justicia “hace que el Derecho no sea papel mojado”. Constató
a este respecto varios problemas graves, como la ineficacia
en la ejecución de las resoluciones judiciales, la tardanza
y la imprevisibilidad de los resultados de los
procedimientos judiciales. Incluso se percibe desde la
judicatura que una justicia “lenta, costosa y con
incertidumbre” promueve que los ciudadanos no acudan a la
justicia cuando debieran. Así, el magistrado entiende que la
justicia “forma parte del Estado democrático, del cima de
relaciones económicas y sociales”. Así, destacó los altos
costes de la infraestructura judicial, diferenciados en
gasto público, coste privado y costes ocultos, provenientes
estos últimos de un mal funcionamiento de la justicia. Para
el presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Andalucía, “los cuatro jinetes del apocalipsis de la
justicia son la lentitud, los costes, la ineficacia y la
imprevisibilidad”. “La justicia en tiempo podría dinamizar
la economía”, advirtió.
Teniendo en cuenta que la justicia depende de los costes y
que los recursos son limitados, se hace aconsejable que los
procedimientos sean sencillos. Cifró en 1.300 euros,
aproximadamente, el coste medio de un procedimiento judicial
y de medio millón de euros el gasto anual de un juzgado. Las
repercusiones del mal funcionamiento, por ejemplo, se
plasman en suspensiones de juicios, lo que genera costes
personales y económicos, en base al problema del “vuelva
usted otro día”.
Se impone, ante esta situación, una petición de introducción
de nuevas estructuras, por ejemplo en los juicios de
conformidad, que movilizan muchos recursos que después
resultan ser inútiles. Se trataría, pues, no tanto de
aumentar los recursos sino de rentabilizarlos. Así, se
impone un cambio y Lorenzo del Río propuso que el cambio que
hay que hacer en el ámbito judicial es “cualitativo. no sólo
con más medios. El reto es mejorar la cualificación y el
rendimiento con los actuales medios”. El resto de las
ponencias corrieron a cargo del vicepresidente del Tribunal
Constitucional, Eugenio Gay Montalvo, quien expuso su visión
sobre ‘Europa inacabada. Una propuesta desde el Derecho’,
intervención moderada por Kissy Chandiramany Ramesh, gerente
de los Servicios Turísticos de la Ciudad de Ceuta.; y
también del Juan Antonio Xiol,, presidente de la Sala
Primera de lo Civil del Tribunal Supremo, quien pronunció la
conferencia ‘Diálogo en los tribunales’, que fue moderada
por José Luis González Armengol, decano de los jueces de
Madrid.
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