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					Los Consejos de Administración de RTVCE y Procesa dieron luz 
					verde a los recortes salariales gracias a los votos a favor 
					de los miembros del PP, pese a contar con los votos en 
					contra del PSOE y Caballas. Hoy se celebrarán dichos 
					consejos en el resto de empresas municipales. Caballas, a 
					través de un comunicado de prensa ha resaltado que la medida 
					“es profundamente injusta e ilegal” ya que asegura que “no 
					se dan las circunstancias que exige el Estatuto de los 
					Trabajadores para incumpmlir el Convenio Colectivo porque 
					todas las empresas han cerrado el ejercicio 2011 con 
					beneficios y tienen aprobados sus presupuestos para 2012 con 
					cobertura suficiente”. 
					Una vez finalizado el periodo de consulta sobre los recortes 
					que el Gobierno quiere realizarn el las diferentes empresas 
					municipales y tras haber quedado perfectamente fijadas las 
					posturas de ambas partes, han comenzado a celebrarse los 
					consejos de administración en las citadas empresas. En la 
					mañana de ayer los consejos de RTVCE y Procesa se reunieron 
					para finalmente aprobar la medida adoptada por el Ejecutivo 
					local gracias a los votos de los integrantes del PP pese a 
					que PSOE y Caballas votaron en contra. 
					 
					Durante la reunión de ambos consejos de administración 
					Caballas advirtió de la ilegalidad de la medida adoptada 
					insistiendo en que “no se dan las circunstancias que exige 
					el Estatuto de los Trabajadores para incumplir el Convenio 
					Colectivo”. Caballas resaltó ayer a través de un comunicado 
					que “todas las empresas han cerrado el ejercicio 2011 con 
					beneficios, tienen aprobado su presupuesto para 2012 en el 
					mes de diciembre con cobertura suficiente para hacer frente 
					a los Convenios Colectivos, y no se han producido, hasta la 
					fecha, mermas en lso ingresos, por lo que la reducción de 
					salarios es ilegal”. 
					 
					Caballas transmitió durante su participación en los consejos 
					de administración que “el Plan de ajuste debería estar 
					inspirado en criterios de equidad, y no en dejar caer el 
					coste del ajuste en los trabajadores de salarios más bajos”, 
					además también resaltó que “el Plan de ajuste tiene su 
					origen en la necesidad de pagar las facturas guardadas en 
					los cajones por Juan Vivas durante diez años”, por lo que 
					manifiestan que “no es justo que los trabajaodres de las 
					empresas municipales tengan que pagar con sus salarios el 
					despilfarro del Gobierno del PP”. 
					 
					Hoy, tienen previsto reunirse los consejos de administración 
					de Obimasa, Parque del Mediterráneo, Puerta de África, 
					Servicios Turísticos, Amgevicesa y Emvicesa, para aprobar 
					los recortes con los votos a favor del PP y en contra del 
					PSOE y Caballas. Por su parte, los comités de empresa han 
					dejado claro que en el momento que se vean reflejado los 
					recortes en las nóminas efectuarán un conflicto colectivo. 
					 
					Como medida previa a la presentación de conflictos 
					colectivos, UGT y CCOO presentaron la pasada semana en los 
					registros de las empresas municipales un documento con las 
					alegaciones pertinentes contra los recortes planteados desde 
					la Administración local. 
					 
					Ambas centrales sindicales dejan patente su “rotundo rechazo 
					a un recorte salarial que no encuentra justificación alguna 
					en razones de índole económica, técnica u organizativa”, 
					apoyándose en un total de ocho puntos. 
					 
					El documento, al que tuvo acceso EL PUEBLO recoge que “el 
					Consejo de Gobierno de la Ciudad no es órgano competente 
					para acordar la reducción salarial de los trabajadores de 
					las empresas, asegurando que esta competencia recae, 
					exclusivamente, en el Consejo de Administración de la 
					sociedad que no ha adoptado acuerdo alguno sobre esta 
					materia”. 
					 
					UGT y CCOO aseguran que “el escrito presentado por la Ciudad 
					tan sólo se contemplan abstractas apelaciones a la crisis 
					económica, la insuficiencia presupuestaria o la 
					insuficiencia financiera sobrevenida de la Ciudad Autónoma 
					de Ceuta, que no se justifican tal y como exige la norma que 
					se pretende aplicar”. 
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