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Una familia de cuatro miembros fue desalojada ayer de la
vivienda donde residían desde hace cinco años tras haber
permanecido allí como ‘okupas’. El Ministerio de Defensa,
propietario del inmueble, ha agotado el mes de prórroga que
ofreció a sus residentes. El joven matrimonio y sus dos
hijos se ven ahora en la calle y sin posibilidades para
encontrar alojamiento.
Sandra (28 años) y su pequeña familia, formada por su marido
y dos hijos de 16 meses y 8 años, se convirtieron ayer en un
ejemplo más en la creciente lista de personas desalojadas de
sus viviendas por residir en ellas de manera ilegal, es
decir, como ‘okupas’, de la Ciudad Autónoma. La joven ceutí,
que hace hacía unas semanas había recurrido a los medios de
comunicación como último recurso para buscar una solución a
su situación económica, no ha conseguido encontrar un lugar
alternativo donde poder reinstalarse con su marido y sus dos
hijos. Un mes después de la última notificación recibida
desde el juzgado, ayer poco después del mediodía, la familia
abandonaba la vivienda donde han pasado los últimos cinco
años, una casa baja en el barrio de San Amaro propiedad del
Ministerio de Defensa en la que se arriesgaron a
establecerse entonces, aún a sabiendas de que un día como
ayer podría llegar en cualquier momento.
“Sabían que esto podía pasar, pero no encontraban otra
solución”, decía una vecina de la barriada con lágrimas en
los ojos, al ver la desesperación de Sandra y los suyos ante
la inminente actuación policial. La joven desalojada,
reclamaba ante los medios su trágica situación, ya que pese
a tener un trabajo a media jornada, al igual que su marido,
entre los dos no eran capaces de reunir más de 800 euros al
mes, un dinero con el que según afirmaron no pueden hacer
frente a una vivienda y los gastos de mantenimiento de la
misma.
“¿Qué voy a hacer, les doy techo a mis hijos y no de
comer?”, gritaba Sandra, nerviosa, respondiendo a la llamada
de la Policía, orden judicial en mano, para pedirles que
abandonaran la vivienda. La mujer, en su indignación, iba
más allá e increpaba que “nadie” le ha ofrecido ayuda, ni
siquiera Asuntos Sociales, a donde habían acudido en busca
de apoyo y donde les invitaron, según explicó, a buscar una
vivienda.
Una vez que la tuvieran podrían haber entrar dentro del
programa de alojamiento alternativo y optar al apoyo
económico de la Ciudad. “No hemos encontrado nada”,
lamentaba Sandra. “No han dejado de buscar”, atestiguaba
después otra lugareña que observaba la escena frente a su
casa. “Lo que yo me pregunto es por qué les pasa a ellos y
no a otros. ¿Es que van a tirar solo esa casa?”, comentaba
otra vecina, residente en San Amaro desde su infancia. “Hay
muchos más casos, aquí y en toda la ciudad”, le respondía
una tercera, afirmando que ella “no tiene ningún problema
con ellos”, si bien ha habido casos de okupas en los que “se
ha llegado a las manos”.
La Policía Nacional corroboraba ayer que los jugados ceutíes
vienen agilizando los procedimientos de desalojo en las
últimas semanas, aunque esto es una práctica que según
explicaban nada tiene que ver con la crisis económica, ya
que cada uno de estos casos está asociado a un expediente
independiente y su desarrollo puede extenderse, desde el
momento en el que se presenta la denuncia, hasta un periodo
de varios años.
Por su parte, uno de los representantes del Ministerio de
Defensa, presente en el desalojo, explicaba que en estos
momentos existe un alto número de espacios propiedad de
Defensa ocupados por residentes ilegales en la ciudad.
“Solamente en Loma Margarita tenemos ahora mismo unas veinte
ocupaciones”, aseguró.“Este caso en concreto ha llegado
hasta el Secretario de Estado, que concedió un mes más para
el desalojo, pero ahora ya no se puede hacer más”. Para
Defensa no es posible vigilar continuamente el estado de los
aproximadamente 1.400 pisos y alrededor de 90 viviendas que
pertenecen al Ministerio en la ciudad, según explicaron las
fuentes presentes en el desalojo de ayer, por lo que, aunque
a veces llegan a tiempo para detener a quien intenta
perpetrar una ocupación antes de conseguirla, no siempre es
así. “Entonces no queda más remedio que plantar una demanda
y comenzar el procedimiento judicial, y esto es algo que se
hace directamente desde Madrid”.
“Nosotros lo único que podemos hacer es acompañarles a
Bienestar Social”, lamenta uno de los representantes de
Defensa, para quien “algo no funciona” si estas drásticas
soluciones son cada vez más habituales.
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REPORTAJE / Desalojo
