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Para la elaboración de la nueva
Educación para la Ciudadanía, conviene tener en cuenta cómo
están elaborados los dos decretos aún vigentes que regulan
la materia. Se habla de “mostrar respecto por las
diferencias y características personales propias y de sus
compañeros y compañeras”; “de un criterio de evaluación para
valorar si el alumno o la alumna… ejerce una autorregulación
de sus emociones”… Es conveniente observar lo de “alumnos o
alumnas” y “compañeros y compañeras”. El nuevo proyecto del
Real Decreto menciona sólo “alumnos” o “compañeros”, y con
ello abarca también a las “alumnas” y a las “compañeras”,
como recomienda la Gramática de la Real Academia de la
Lengua.
En el decreto vigente se manda que los estudiantes aprendan
“la valoración crítica de la división social y sexual del
trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos,
antisemitas, sexistas y homófobos”. Ahora se elige una
versión que da menos opción al adoctrinamiento y que
recuerda en el tono a un mandamiento de Moisés: “No
discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión, o cualquier otra condición o
circunstancia personal o laboral”.
Pero quizás lo más importante es que reconoce explícitamente
en este contexto –Estado democrático- “el derecho
fundamental de la libertad de conciencia individual” y se
centra en el contenido de la asignatura: “El Estado tiene la
obligación de asegurar que los ciudadanos (atención, no se
dice “ciudadanos y ciudadanas”) conozcan la Constitución, el
funcionamiento de las instituciones públicas y cuanto se
refiere a los derechos y libertades que caracterizan nuestro
estado democrático”.
Como se ve, este Real Decreto, a la espera de una nueva Ley
Orgánica de Educación –conviene recordar que el Sr.
Ministro, en principio, no estaba por la labor- que sería la
que pudiera cambiar el nombre de la asignatura, quita carga
ideológica al que hay: una norma que facilita de forma
oficial la tarea de deformar conciencias en asuntos como la
identidad de personal, la concepción de familia y el
matrimonio, y la moral sexual. Sin embargo, este borrador de
R.D. y los anteriores, ponen de manifiesto una vez más la
manía de querer regularlo todo, como si la misión del Estado
fuese legislar hasta el último rincón de la última
asignatura, algo que hace daño por lo menos al sentido
común.
Determinados especialistas denunciaban el error “de los
criterios de evaluación de EpC, con lo que se miden no tanto
los conocimientos por parte de los alumnos como actitudes y
conductas personales”. Los criterios de evaluación, sin
embargo, en el borrador del R.D., apenas si se han
modificado.
En el preámbulo del borrador se lee: “la tarea de educar en
democracia debe hacerse de un modo compartido y no
excluyente entre la familia, las instituciones públicas, los
centros educativos, y la misma sociedad”.
Para que el R.D. llegue a convertirse en una realidad, es
necesario tener muy presente, en primer lugar, que ha de
superar lo expuesto por las Consejerías de Educación de
Madrid y Cataluña: la suspensión de la polémica asignatura
de forma definitiva.
La propuesta se produjo durante la reciente reunión de la
Conferencia Sectorial de Educación, una asamblea formada por
los consejeros de las Comunidades Autónomas y los altos
cargos del Ministerio de Educación, con el Sr. Ministro
presidiéndola.
La Consejera de Cataluña argumentó que “la referida
asignatura sólo servía para crear polémica con las
modificaciones que introducía el Gobierno de turno, y que lo
apropiado sería cortar por lo sano: eliminarla”. La
Consejera de Madrid, con forma más pragmática, argumentó:
“esa asignatura quita un tiempo precioso a otras que de
verdad son las que han de aprender en la escuela: lengua,
matemáticas e idiomas, sobre todo”. Y además, añadió: “Nos
han quitado a todos una cantidad de tiempo y esfuerzo en
discusiones, creando tanta polémica por su propio carácter,
que es una razón más para eliminarla”.
Pero hay algo que no se tiene en cuenta. En los primeros
momentos de su implantación, la EpC no fue aceptada por la
Comunidad Educativa, en especial por las distintas
Asociaciones de Padres de Alumnos, que argumentaron que no
es posible negar a los padres el derecho de oponerse a que a
sus hijos se les imparta una asignatura que, según lo
conocido, contiene criterios contrarios a la filosofía
religioso/moral, que alegan los propios padres.
¿Cómo es posible que se alcen tantas voces para cuestionarlo
e incluso negarlo a los padres, cuando éstos únicamente
pretenden que a sus hijos no se les imponga una formación
moral distinta de la elegida por ellos? Seguramente porque
nos hallamos ante una magna operación intervencionista en
las libertades de la sociedad que trata de afirmar el
derecho del Estado a educar moralmente a sus ciudadanos.
Todo ello conduce, antes y ahora, a que lo que salga no será
nada distinto, y conseguirán que todos los padres se
conviertan en objetores.
Por otra parte, el programa electoral del PP anunciaba una
reforma legal que indujo a la Comunidad Educativa a tener
una nueva Ley, la séptima en 40 años, en contra, además, de
las recomendaciones y las peticiones de estabilidad
económica. Sin embargo, en el seno del partido hay quienes
han advertido de la inconveniencia de elaborar una nueva Ley
Orgánica, que no tendría problema en salir adelante en el
Parlamento, sin embargo hay voces dentro del Partido que
apuntan que es preferible reformar los aspectos de la Ley
Socialista vigente (LOE) que el PP no comparte, como la
estructura del Bachillerato, que el PP quiere ampliar a tres
cursos, según contempla el programa electoral.
En los inicios de la aparición de la EpC, en mi colaboración
semanal en este diario, expuse la experiencia que realicé en
nuestro Centro, el C.P. Maestro Juan Morejón, durante el
curso 1997-98, dentro del Plan Anual de Mejora. En mi
tutoría de 2º de la ESO puse en marcha una actividad
relacionada con el planteamiento y discusión de Dilemas
Morales, como medio de Educación para la Convivencia y como
método para favorecer la participación Democrática. La
Metodología empleada fue la “Discusión de Dilemas” y la
temporalización durante el tiempo dedicado a tutorías.
Evaluado el trabajo, resultó muy positivo.
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OPINIÓN / EL MAESTRO
