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					La autoridad judicial, en este caso, el titular del Juzgado 
					de Instrucción número 2 de la ciudad, dejó ayer en libertad 
					a los 15 subsaharianos detenidos este lunes por su 
					implicación en la reyerta de Bermudo Soriano. Sindicatos 
					policiales, tanto del CNP como de la Policía Local, muestran 
					su preocupación por los problemas que genera el ‘reparto’ 
					del ‘trabajo’ de estos inmigrantes en los centros 
					comerciales y la violencia con la que actúan. 
					 
					Los quince subsaharianos detenidos el lunes por la reyerta 
					de Bermudo Soriano quedaron ayer en libertad tras declarar 
					ante el juez. Once de ellos fueron arrestados por desórdenes 
					públicos, mientras que los otros cuatro lo fueron por 
					atentado a agente de la autoridad, ya que en los disturbios 
					resultaron heridos un miembro del Cuerpo Nacional de Policía 
					(CNP) y otro de la Policía Local.  
					 
					Tal como informaron desde la Jefatura Superior de Policía, a 
					lo largo de la mañana se acabó con las diligencias en 
					comisaría, y los detenidos pasaron a disposición del juzgado 
					de guardia, el de Primera Instancia e Instrucción número 2. 
					Aunque hacia las 13.30 horas la secretaria judicial afirmaba 
					que los trámites se alargarían hasta la tarde, puesto que 
					había en esos momentos “40 detenidos” a los que tomar 
					declaración, a las 15.30 horas los 15 inmigrantes habían 
					quedado ya en libertad. Desde el Juzgado, ya por la tarde, 
					no se quiso aportar más información o detalles acerca de si 
					la libertad decretada para estos subsaharianos, todos 
					residentes en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes 
					(CETI), lo es o no con cargos o en qué condiciones se 
					estableció la medida para cada caso. 
					 
					En relación con este asunto, sindicatos policiales, tanto 
					del CNP como de la Policía Local, muestran preocupación. 
					 
					De estos últimos, el representante de USO, Manuel Benítez, 
					manifestaba en primer lugar que las leyes “están para 
					aplicarlas pero que “difícilmente” puede hacerse cuando se 
					trata de extranjeros y más en la situación en la que están 
					estos inmigrantes”. “Si hubiese sido un nacional, 
					probablemente el juez lo hubiera dejado en prisión hasta el 
					juicio o le habría aplicado un juicio rápido pero con estos 
					extranjeros que no tienen documentación, que están en un 
					centro de estancia temporal y demás, si se les condena, la 
					pena se conmuta por la deportación, con lo cual el trámite 
					es el mismo que si no hubiera hecho nada”, explica.  
					 
					“Barrer en el desierto” 
					 
					De ahí que la “presión” a la que se ve sometida en este caso 
					la Policía Local sea como “barrer en el desierto”, ya que 
					los inmigrantes, apunta, “están totalmente informados de lo 
					que hay y saben que por mucho que hagan, a no ser que sea un 
					delito de sangre con lesiones muy graves, no van a entrar en 
					prisión”. 
					 
					El problema de estos casos concretos estriba, según Benítez, 
					en que se está permitiendo a estos inmigrantes “que hagan 
					actividades de aparcacoches y otras que no están permitidas 
					por las ordenanzas”, pero la Policía Local “los quita de 
					donde están y a la media hora vuelven y otra vez, y si los 
					sancionas, como no tienen recursos no pagan, con lo cual, 
					les da lo mismo”. “Es una situación que soportamos a diario 
					y que no ha sido ni la única ni la última vez que pase”, 
					concluye el representante de USO.  
					 
					Como solución, Benítez plantea “regularizar esta situación 
					mediante una norma especial, porque con las medidas que 
					tenemos tanto en el Código Penal como en las ordenanzas 
					Municipales no llegamos a ningún sitio”. 
					 
					Por su parte, Luis Mateo, de la sección sindical de UGT en 
					este mismo cuerpo, señala que cada vez que se abre un centro 
					comercial nuevo, como es el caso del ‘Día’ de Bermudo 
					Soriano, “hay reyertas por adueñarse de ellos para cuidar 
					coches y ayudar a llevar los carros y las bolsas”. “Hay que 
					estar con mucho cuidado porque esta gente no tiene nada que 
					perder y si se tienen que llevar a uno por delante se lo 
					llevan”, afirma. Mateo coincide con Benítez al señalar que 
					en el momento que inician una trifulca “como te metas en 
					medio no miran ni uniformes ni nada, ni si pasa una familia 
					por ahí o cualquier ciudadano que esté en ese momento en el 
					lugar”. 
					 
					En opinión de Mateo, es la Delegación del Gobierno la que 
					“debería poner cartas en el asunto y hacerse cargo de este 
					tipo de personas y ver quiénes son los más violentos y los 
					que más problemas producen en la ciudad y tomar medidas” 
					 
					Por su parte, el secretario general de la Unión Federal de 
					Policía (UFP), Fernando Guerrero, manifestó que la cuestión 
					estriba en que este tipo de hechos no se conviertan en una 
					“dinámica”. “Tienen que actuar todos los poderes, la 
					policía, como lo hemos hecho, y la Justicia aplicando las 
					leyes, y si es un delito de atentado a la autoridad, en base 
					a ese delito y no a una falta, para que no se produzca una 
					reiteración de estos casos y vean que hay respuesta”, 
					asevera. “Que no queden impunes es la única forma de que 
					estos sean hechos aislados porque participar en una riña 
					tumultuaria, acometerse mutuamente con elementos peligrosos, 
					es un delito”, concluye. 
					 
					“Las autoridades judiciales nos sorprenden”, afirma Andrés 
					Carrera, del sindicato SUP, quien opina que “parece que sale 
					gratis delinquir, ponerse frente al orden y al buen hacer; 
					sale gratis agredir a los agentes de la autoridad y quienes 
					lo hacen no reciben la sanción que las leyes establecen”, 
					asegura. 
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					Estos grupos actúan con una “violencia extrema” 
					El representante de USO en la 
					Policía Local, Manuel Benítez, explica que los inmigrantes 
					“se dividen la ciudad por territorios, dependiendo de su 
					nacionalidad, y de eso tenemos conocimiento evidentemente”. 
					“El problema se da cuando uno se mete en el territorio del 
					otro”, afirma, para agregar que este tipo de conflictos son 
					una constante en zonas como la del puerto, en torno al 
					‘control’ de supermercados como el ‘Lidl’ o el ‘Día’. “Ahí 
					es horroroso y los compañeros de la Policía Portuaria y de 
					la Guardia Civil están como nosotros, es quitarlos para que 
					a la media hora vuelvan a estar ahí”. Benítez resalta que 
					cuando se enfrentan, los subsaharianos muestran una 
					“violencia extrema”. “Nosotros contamos con ello y tenemos 
					especial cuidado porque no tienen miramiento alguno, 
					cualquier medio contundente a su alcance es válido para 
					agredir al que tienen enfrente”. 
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