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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F),
sindicato más representativo en el ámbito de las
Administraciones Públicas, mantuvo ayer un encuentro con los
Grupos Parlamentarios Popular y Socialista en el Senado para
modificar la reforma laboral y evitar la posibilidad de que
se puedan realizar expedientes de regulación de empleo sobre
empleados públicos.
CSI-F intenta que el PP rectifique ‘in extremis’ esta
posibilidad, en el trámite de la reforma laboral que se
inicia esta semana en el Senado, porque “se abre la puerta
al despido de cerca de 700.000 persona en el conjunto de las
AA.PP”. CSI-F recuerda que estas personas han obtenido su
plaza mediante un proceso selectivo, bajo los principios de
igualdad, mérito, capacidad y publicidad que marca la
Constitución y que garantizan la calidad e independencia de
los servicios públicos. Por tanto, cree que no es razonable
modificar ahora las reglas del juego y permitir que puedan
ser despedidos.
Además, el sindicato no está dispuesto a que se, confunda a
los ciudadanos, responsabilizando los problemas del país a
los empleados públicos y a los servicios públicos, como la
sanidad o la educación. Así, no admite que se les utilice
como moneda de cambio de las políticas que marca Bruselas
para reducir el déficit y recuperar la confianza de los
mercados.
“Se está jugando con 700.000 familias, que en estos momentos
tienen una intranquilidad total y absoluta. Además, el
despido de empleados públicos es contraproducente, por su
influencia en el consumo interno y por tanto en la
recuperación del país”, añade el sindicato.
Como sindicato más representativo en la Administración
Pública, CSI-F da al PP una “última oportunidad” para que,
con su voto, envíe un mensaje de tranquilidad al colectivo
de empleados públicos que ven peligrar su puesto de trabajo.
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