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El independentismo catalán es una
corriente política que reivindica la independencia de
Cataluña respecto a España y su integración en la Unión
Europea con todos los derechos bajo la premisa de que no
alcanzarán su máxima plenitud cultural, social ni económica
mientras formen parte de España. Una opción abanderada por
la “Estelada” que sustenta sus reivindicaciones en cuatro
principios básicos: historia, cultura, lengua propia y al
derecho civil catalán. No podemos olvidar que este
movimiento, actualmente pacífico, utilizó hace años la
violencia terrorista en la búsqueda de sus objetivos
políticos.
Un movimiento inicialmente minoritario capaz de recabar
importantes cantidades económicas entre las principales
instituciones catalanas a través de subvenciones, convenios
plurianuales y adjudicación de contratos argumentados en la
protección de la cultura y la lengua catalana convirtiéndose
en un sector de alta rentabilidad. Entre las numerosas
asociaciones y organizaciones catalanistas receptoras de
estas “ayudas” debo destacar los 13 millones de euros
recibidos desde el año 2005 por la entidad Ómnium Cultural o
la Plataforma per la Llengua con 3 millones de euros.
Recursos públicos adjudicados por las principales
instituciones públicas catalanas utilizados para sufragar
los costes económicos ocasionados por las diferentes
campañas independentistas organizadas por unos grupos
responsables directos de las principales protestas
antiespañolas de los últimos años. Cabe recordar en este
punto las protestas organizadas con motivo de la final de la
Copa del Rey del pasado mes de mayo en el Estadio Vicente
Calderón entre los equipos del F.C. Barcelona y el Atlétic
de Bilbao en el que las aficiones de ambos equipos
respondieron a las consignas dadas desde el independentismo
vasco y catalán.
Unas organizaciones separatistas que dieron un paso más en
sus pretensiones independentistas al presentar el pasado mes
de abril una petición formal a la Comisión Europea con la
intención de que este organismo comunitario reconociera a
Cataluña como un Estado propio de la Unión Europea
totalmente independiente de España y con los mismos derechos
que el resto de países miembros. Una iniciativa rechazada
tajantemente por el organismo competente al entender que
atenta contra el artículo 20 del Tratado de Funcionamiento
de la propia Unión Europea y más concretamente, que no
existe base jurídica alguna los Tratados de la UE que
permita que una legislación secundaria aborde las
consecuencias de una secesión de una parte de un Estado
miembro.
En nuestra ciudad, algunos pretenden alcanzar dádivas
similares equiparándose con estas organizaciones
independentistas que llevan años beneficiándose política y
económicamente de la defensa de la cultura y la lengua
materna cuando nos encontramos ante circunstancias
totalmente contrapuestas puesto que, entre las lenguas
reconocidas en la Constitución Española no se encuentra
ninguna lengua proveniente de terceros países. Ceuta forma
parte indisoluble de España y como tal en ella solo pueden
ser reconocidas aquellas lenguas incluidas en nuestra Carta
Magna (castellano, catalán, vasco y gallego) a pesar de las
pretensiones de un sector determinado de la sociedad ceutí.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
