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					El rescate solicitado el pasado sábado por el Gobierno es la 
					consecuencia de la explosión de la burbuja 
					hipotecaria-financiera que permitió la enorme burbuja 
					inmobiliaria y ha traído a España la crisis económica más 
					grave en la historia contemporánea. 
					 
					Los ciudadanos y consumidores piden explicaciones completas 
					y responsabilidades a los causantes de lo que se confirma 
					como el mayor fraude a la economía y a la sociedad 
					perpetrado por la banca y un poder político tolerante 
					durante muchos años con sus abusos. No cabe duda de que la 
					banca es la causa de la crisis económica y financiera 
					española, y el rescate hace patente quién debe pagarla, así 
					como los cambios que deben hacerse para salvar a la 
					ciudadanía y los consumidores, que han sido las principales 
					víctimas del fraude y están injustamente pagando sus 
					consecuencias. 
					 
					Conviene recordar además que los usuarios ya están atrapados 
					en muchas entidades en un corralito de participaciones 
					preferentes que ha servido para capitalizar la banca, que 
					aún necesita más liquidez y aparte los números son muy 
					claros: 30.000 millones de euros están en la banca por este 
					producto, por no hablar de las salidas a bolsa de por 
					ejemplo Bankia, Caixabank, Banca Cívica, donde se ha 
					convertido en accionistas a clientes que no lo querían ser y 
					cuya comercialización fue irregular y fraudulenta. 
					 
					No vamos a consentir más mentiras y marketing. Se debe 
					recuperar la confianza con la participación de todos los 
					usuarios a los que el señor De Guindos en sus decretos de 
					saneamiento del sistema financiero ha ninguneado, teniendo 
					en cuenta sólo a las entidades financieras y sus 
					responsables. El crédito no se va a recuperar ya que estas 
					ayudas sólo quieren tapar agujeros de la banca, pero no dan 
					solución al problema del endeudamiento ni del acceso a una 
					financiación pública en condiciones razonables y accesibles. 
					 
					Los planes impuestos por la UE y el FMI en el actual rescate 
					tienen el peligro de que se haga cambiar la operativa 
					bancaria, el flujo del crédito y las repercusiones en la 
					economía en general a peor, hacia un sistema aún más 
					bancarizado y monopolista. 
					 
					Ni la legislación española ni los organismos reguladores 
					valoran la posición de los usuarios como se hace en otros 
					países de nuestro entorno, donde existe una banca más 
					saneada y con un funcionamiento menos abusivo. Esto tiene 
					que cambiar y también exige un rescate. ADICAE ya ha lanzado 
					todos tipo de propuestas antes y durante la crisis sobre los 
					organismos reguladores (Banco de España y CNMV) que deben 
					contar con participación de los propios consumidores para 
					que sus derechos sean tenidos en cuenta.  
					 
					El simple apoyo de dinero que le van a inyectar a la banca 
					sin que haya cambios sustanciales que tengan en cuenta los 
					derechos de los consumidores puede degenerar en nuevas 
					crisis como ésta y en un sistema financiero más monopolista 
					y avaricioso, que los ciudadanos no aceptan ni deben 
					aceptar. 
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