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                     El Eurogrupo, la reunión 
					institucionalizada que congrega a los ministros de Economía 
					y Finanzas de los Estados miembros cuya moneda es el euro, 
					al presidente del Banco Central Europeo, al Comisario 
					Europeo de Asuntos Económicos y Financieros y a su propio 
					presidente, aprobó el pasado sábado dar una línea de crédito 
					de hasta 100.000 millones de euros a aquellas entidades 
					financieras que así lo solicitasen. Decisión que en ningún 
					caso puede ser entendida como un rescate al conjunto de la 
					economía española equiparable a lo sucedido con Grecia, 
					Irlanda y Portugal por cuestiones evidentes. 
					 
					La diferencia más importante entre ambos casos radica en que 
					un rescate supone la pérdida total de la soberanía tanto 
					económica como política. Por contra, una línea de créditos 
					no supone pérdida alguna en la capacidad de decisión de un 
					país que accede a una ayuda económica que tan solo afecta al 
					30% de las entidades financieras españolas. No obstante, si 
					se hubieran adoptado mucho antes las medidas ahora 
					emprendidas por el Ejecutivo del Partido Popular con total 
					seguridad no hubiéramos llegado a la situación actual, de 
					hecho hay países que lo hicieron hace tres años. 
					 
					El vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de 
					Asuntos Económicos, Olli Rehen, ha respondido a las críticas 
					vertidas en los últimos días por diferentes dirigentes de la 
					izquierda española afirmando que los requisitos asociados a 
					la línea de crédito ofrecida por el Eurogrupo se centrarán 
					exclusivamente en el sector financiero beneficiario de dicha 
					ayuda no incluyendo nuevas medidas en materia de ajuste y 
					reformas de las ya anunciadas. Los bancos en cuestión 
					deberán recortar dividendos, reestructurar su organización 
					empresarial, vender activos para rebajar el nivel de 
					endeudamiento y controlar férreamente las políticas de 
					remuneración. 
					 
					Los ciudadanos debemos ser plenamente conscientes de que si 
					el Gobierno presidido por Mariano Rajoy no hubiera afrontado 
					desde la responsabilidad la situación heredada aprobando el 
					amplio paquete de reformas estructurales en los últimos 
					cinco meses hoy no estaríamos hablando de una línea de 
					crédito beneficiosa sino de la intervención del Reino de 
					España con la consiguiente pérdida de soberanía nacional. 
					Sin ninguna duda, España ha recuperado en gran medida la 
					credibilidad pérdida en los últimos años a pesar de los 
					esfuerzos de los dirigentes socialistas. Por cierto, no 
					quisiera finalizar mi artículo de hoy sin recordar la 
					trayectoria política del actual vicepresidente de la 
					Comisión Europea y comisario de la Competencia, Joaquín 
					Almunia, ex secretario general de los socialistas españoles 
					y candidato a la Presidencia del Gobierno por esta formación 
					en las Elecciones Generales de 2000. 
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