|
El presidente de CSI-F en Ceuta, Ricardo Martínez, envió
ayer una nota de prensa a los medios de comunicación en la
que deja patente como la Central Sindical Independiente y de
Funcionarios rechaza el proyecto de reforma laboral aprobado
el pasado martes por la Comisión de Empleo del Senado,
porque mantiene abierta la posibilidad de plantear EREs en
el sector público.
A este respecto, la nota de prensa resalta que CSI-F
convocará la próxima semana a su máximo órgano sindical para
decidir las medidas que llevará a cabo durante los próximos
meses en contra de esta medida “injusta y arbitraria”, que
deja en el aire el despido de miles de trabajadores en el
conjunto de las AA.PP., fundamentalmente en el ámbito local.
“CSI-F defenderá los intereses y el puesto de trabajo de los
empleados públicos y la calidad de los servicios públicos,
en todas las administraciones en las que se produzca un ERE,
sea a nivel nacional, autonómico o municipal”, añadió en un
comunicado el presidente del sindicato. A lo largo de los
últimos meses, CSI-F, ha nivel nacional, ha mantenido
reuniones con los diferentes grupos parlamentarios, y de
manera especial con el PP por su mayoría absoluta en las
cámaras, para intentar modificar la reforma. Las
negociaciones han llevado al PP a modificar su posición
inicial, si bien, la última redacción planteada en la
Disposición Adicional Segunda de la Reforma Laboral no
satisface las expectativas del sindicato, porque únicamente
“establece una gradación en el despido”. Según la enmienda
del PP, “tendrá prioridad de permanencia el personal laboral
fijo que hubiera adquirido esta condición, de acuerdo con
los principios de igualdad, mérito y capacidad, a través de
un procedimiento selectivo de ingreso”.
CSI-F insiste en que la reforma “abre la puerta al despido
de 700.000 personas en el conjunto de las AA.PP”. Estas
personas han obtenido su plaza mediante un proceso
selectivo, bajo los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad que marca la Constitución y que
garantizan la calidad e independencia de los servicios
públicos. Por tanto, cree que no es razonable modificar
ahora las reglas del juego y permitir que puedan ser
despedidos.
Además, el sindicato no está dispuesto a que se, confunda a
los ciudadanos, responsabilizando de los problemas del país
a los empleados públicos y a los servicios públicos, como la
sanidad o la educación.
|
CSI.F
