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					OPINIÓN - JUEVES, 21 
					DE JUNIO DE 2012  | 
                		 
						
											
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							OPINIÓN / EDITORIAL | 
                		 
						
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					Seguridad ciudadana y 
					prevención  | 
                		 
						
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                     El Cuerpo Nacional de Policía 
					(CNP) ha desplegado este mes un operativo específico de la 
					Brigada de Seguridad Ciudadana para la zona de compras. La 
					medida es fruto de una solicitud realizada en ese sentido 
					por parte de los comerciantes a través de sus distintos 
					representantes, de la Confederación de Empresarios, la 
					Cámara de Comercio y el Centro Comercial Abierto. La 
					intención tanto de los propietarios de los comercios, la 
					mayoría, pymes, como de la policía -expresada en este caso a 
					través de la declaración de objetivos realizada por el nuevo 
					jefe superior, Pedro Luis Mélida, en su toma de posesión- es 
					que exista, en la medida de lo posible, una mayor presencia 
					policial en pos de la prevención de esa delincuencia de 
					‘baja intensidad’ pero que tanto puede influir en la 
					percepción de la seguridad por los ciudadanos.  
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					A vueltas con el “carácter” 
					de Ceuta  | 
                		 
						
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                     Mucho más que una entidad local 
					pura”. Esto es lo que, en palabras del portavoz del Gobierno 
					melillense, Daniel Conesa, son Ceuta y Melilla dentro de la 
					organización del Estado. Algo más que ayuntamientos, menos 
					que una comunidad autónoma. Este carácter “atípico” tiene 
					sus repercusiones en distintos ámbitos, algunos de los 
					cuales están relacionados con sus competencias y otros son 
					directamente influyentes en algo tan sensible como el 
					Régimen Económico y Fiscal (REF) de ambas. Si hace años el 
					debate estaba en la reforma de los estatutos para convertir 
					a las dos ciudades en comunidades autónomas, en estos 
					tiempos, los Gobiernos locales centran sus miras en algo 
					quizá más plausible, como es la “potenciación de su 
					capacidad reglamentaria”.  
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