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Entiendo aunque no comparto la
postura crítica de quienes se oponen sistemáticamente a los
planteamientos esgrimidos por el Gobierno del Partido
Popular a pesar de que en los últimos ocho años han guardado
el más absoluto silencio compartiendo con ello
responsabilidades en las decisiones adoptadas por los
gobiernos anteriores del partido socialista. Escuchando en
estos momentos las críticas de algunos de ellos parece que
todos los problemas que hoy padece la sociedad española han
sido generados por un Ejecutivo que inició sus labores a
principios de año.
El “progresismo” español se encuentra inmerso en una campaña
de descrédito permanente cuya intención final es desalojar
al Partido Popular del Gobierno de España, una formación
política elegida mayoritariamente por una ciudadanía deseosa
de cambiar la situación heredada. Quienes presumen de
demócratas no dudan en utilizar en beneficio propio
instituciones nacionales e internacionales, todo es válido
para ellos, no existe límites éticos. En este punto podría
mencionar las reiteradas filtraciones a los medios de
comunicación que siguen la actualidad de la Comisión
Europea, y que han minado la credibilidad de nuestro país.
Circunstancias que han obligado al portavoz de Asuntos
Económicos de la Comisión Europea, Amadeu Altafaj, ha
manifestarse al respecto afirmando públicamente que España
está acometiendo las reformas necesarias para cambiar las
circunstancias actuales, entre las que ha citado la laboral,
la de las pensiones y la del saneamiento de las cuentas
públicas precisando que donde sí era necesaria la ayuda
europea al país es en el sector bancario tal y como se ha
hecho con la línea de crédito cercana a los 100.000 millones
de euros que beneficiará al 30% de las entidades financieras
españolas.
Críticas e incluso insultos que también recibimos quienes
defendemos la gestión de un Gobierno que recoge, una vez
más, un país herido de gravedad como consecuencia directa de
la incapacidad de quienes han dilapidado los recursos
públicos propiedad de todos los españoles llevándonos a una
tasa de desempleo que dobla la existente en la Unión Europea
y a una cifra de déficit público cercana al 9%. Podemos
discrepar, podemos debatir respecto a los planteamientos,
pero siempre desde el respeto a las personas y al marco
legal que recoge los derechos fundamentales y las libertades
públicas de todos los españoles, entre los cuales se
encuentra el reconocimiento y la protección del derecho a
expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y
opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro
medio de reproducción.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
