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Da la impresión de que, ni de lejos, el Ministerio de
Sanidad y las comunidades autónomas de las que depende la
gestión del servicio, tienen un plan para solventar la
elevada deuda que acumula el sector –entre 16.000 y 20.000
millones de euros-, y que lo único que se les ocurre, porque
resulta lo más sencillo de poner en práctica, es meter la
mano en el bolsillo de los profesionales.
CESM entiende que esto es una actitud suicida, porque, en
particular, el maltrato a los médicos supone minar el
principal activo de la sanidad pública.
De hecho, si el Sistema Nacional de Salud (SNS) sigue
gozando de alto predicamento en el exterior (y también
España, no lo olvidemos, donde el funcionamiento del
servicio sanitario tiene un alto aprecio entre los
ciudadanos, todo lo contrario de lo que ocurre cuando se les
pregunta por los políticos) es gracias a que los
facultativos españoles realizan una labor con similares
estándares de calidad que en los mejores países a cambio de
sueldos comparativamente muy bajos.
No es de extrañar, por tanto, que aumente la tentación en
muchos médicos españoles de abandonar la sanidad pública y
desarrollar su trabajo en el sector privado o en otras
naciones donde se les trata y retribuye mejor.
Lo que parecen no comprender nuestros políticos es que la
sanidad es un servicio social cualificado donde la
optimización del gasto (y previsible ahorro) requiere contar
con el médico, por cuyas manos pasan el 80% de las
decisiones asistenciales que se reflejan en el balance
económico de los centros.
Cualquier empresa de vanguardia –y la Sanidad siempre lo
será- sabe que su mejor capital es el humano. Si eso es así,
¿por qué e margina a los médicos a la hora de plantear
ajustes? Mejor dicho: ¿por qué nos llevamos por ahora la
peor parte en el reparto de sacrificios?
Un pacto urgente
En cuanto a nuestros políticos, su único objetivo ahora
debería ser acometer las reformas estructurales que necesita
el SNS, para lo cual es urgente alcanzar un pacto que tenga
el mayor respaldo parlamentario posible.
Dicho pacto debe tener por finalidad el sostenimiento de la
calidad de servicio público, lo cual exige:
- dotar al sistema de unos presupuestos reales y finalistas
- un órgano de gobierno que vertebre a los 17 servicios
autonómicos de salud. Este papel le corresponde por ley al
Consejo Interterritorial, pero huelga decir que no lo ha
cumplido.
- una cartera de servicios definida y respetuosa con los
principios de equidad, universalidad y solidaridad.
- una política de personal que ponga freno a la creciente
disparidad en condiciones laborales según la comunidad
autónoma en la que trabajemos, y que se muestre a su vez
capaz de planificar las necesidades de especialistas en el
futuro.
- incrementar la productividad y eficiencia del SNS mediante
un plan estructural de reformas que contemple la reducción
al mínimo de la burocracia.
- dar mayor responsabilidad a la Atención Primaria en el
manejo de los procesos asistenciales, al ser notorio que el
80% de ellos pueden resolverse en dicho ámbito. Se evitaría
así el sobrecoste que tiene la asistencia especializada.
- desarrollar la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias
(LOPS) y cambiar el modelo retributivo de los médicos para
que deje de ser cuasi funcionarial y vincule buena parte de
los salarios con los resultados y la calidad.
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OPINIÓN
/
COLABORACIÓN
