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					Los representantes sindicales de los comités de empresa en 
					la Universidad de Granada en sus tres sedes (Granada, Ceuta 
					y Melilla) , UGT y CCOO, están dispuestos a plantear un 
					conflicto colectivo en los tribunales contra la UGR, si la 
					Universidad continúa en su intención de aplicar el mismo 
					criterio a los profesores funcionarios o contratados a la 
					hora de incrementar su horario lectivo, en función del 
					número de horas que dediquen a la investigación. Esta 
					modificación se está estudiando de cara al curso 2012-2013 
					siguiendo las modificaciones propuestas en el Decreto Ley 
					14/2012 de ‘medidas urgentes para la racionalización del 
					gasto público en el ámbito educativo’ aprobado por el 
					Ministerio de Educación el pasado mes de abril.  
					 
					Según este decreto, los docentes universitarios deberían 
					dedicar a su función docente “la parte de la jornada 
					necesaria para impartir en cada curso un total de 16 
					créditos ECTS” o en el caso de docentes que no puedan 
					documentar su ejercicio investigador, hasta “32 créditos 
					ECTS”.  
					 
					“Se pretende que a quien no tenga reconocido determinado 
					numero de líneas de investigación se le incremente en unas 
					320 horas el horario lectivo”, ha explicado el representante 
					del comité de empresa en la Facultad de Educación y 
					Humanidades de la UGR en Ceuta, Aureliano Martín Segura, 
					quien argumenta que esto es lo que dice el decreto, pero “de 
					cara a los funcionarios, es decir titulares de universidad o 
					catedráticos”. Según el representante de CCOO, el decreto no 
					especifica nada sobre personal laboral de la Universidad,o 
					lo que es lo mismo, profesores a tiempo completo como 
					contratados doctores, ayudantes o colaboradores, que no 
					cobran el mismo sueldo aunque realicen la misma función 
					docente o investigadora que los funcionarios o catedráticos, 
					ya que al no ser personal fijo no pueden optar al 
					reconocimiento legal de su labor investigadora a través de 
					quinquenios o sexenios. Este es el caso de prácticamente la 
					totalidad de los profesores en el campus de la UGR en la 
					ciudad autónoma.  
					 
					“El decreto es muy claro y si se tiene que aplicar al 
					personal labora tiene que haber una negociación e 
					interpretación de la comisión paritaria del convenio 
					colectivo para todas las universidades andaluzas y en su 
					caso un decreto o una norma de rango legal ya sea del 
					gobierno central o la Junta de Andalucía que tiene 
					competencias sobre el personal laboral. Mientras tanto, no 
					podemos estar de acuerdo”, asegura el comisionista. 
					 
					Ayer mismo, la COA (Comisión de Ordenación Académica, en la 
					que están representados Vicerrector de ordenación académica, 
					decanos y representantes del profesorado y alumnado), aprobó 
					la aplicación de este decreto de manera inclusiva a todo el 
					personal docente de la Universidad, en un encuentro en el 
					que los presidentes de los comités de empresa asistieron con 
					voz pero sin voto.  
					 
					Para los sindicatos, que esperaban una negociación previa a 
					esta decisión, la única salida es el planteamiento de un 
					conflicto colectivo ante los tribunales, ya que la mesa de 
					negociación de las universidades andaluzas se ha reunido, 
					pero no ha habido acuerdo. “Los únicos que puede interpretar 
					esto y dar una solución son los jueces”, ha asegurado Martín 
					Segura.  
					 
					La decisión tomada ayer por el COA pasará ahora a comisión 
					de dirección de la UGR para la aprobación oficial de esta 
					decisión. “En el momento en que eso se apruebe plantearemos 
					el conflicto”, ha anunciado el presidente del comité de 
					empresa.  
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					La diferencia en retribución para igual trabajo ‘pide’ otra 
					negociación 
					Los tramos de investigación en 
					docencia universitaria normalmente se reconocen mediante 
					‘sexenios’ o ‘quinquenios’. Su reconocimiento por parte de 
					una comisión nacional que los reconoce implica el pago de un 
					complemento. Pero según explica el presidente del comité de 
					empresa de la Facutad de Educación y Humanidades, Aureliano 
					Martín Segura, en el caso del personal laboral esta figura 
					no existe legalmente, aunque la UGR en su día consiguió un 
					acuerdo para que el personal laboral pudiese tener un 
					reconocimiento de su labor de investigación, similar a la 
					del funcionario, aunque la retribución no sea la misma. Es 
					por ello que los sindicatos consideran necesaria una 
					negociación paralela. 
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