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                     Dicen quienes entienden de 
					política que el Estado de las Autonomías condiciona la 
					deriva de nuestro país sin posibilidad de marcha atrás. Es 
					cierto que los estados creados dentro del mismo estado 
					español acarrean gastos superfluos que de ello hace depender 
					el desarrollo económico de España. Véase si no que función 
					social realizan las diecisiete televisiones autonómicas y 
					emisoras de radio, algunas con hasta tres centros emisores, 
					tres directores generales, tres directores de informativos, 
					una ingente cantidad de locutores, de técnicos y de 
					“funcionarios”, bien retribuidos por cierto. Eso sin contar 
					las televisiones locales, que hay pueblos que disponen de 
					hasta tres emisoras una de ellas, como es natural, “oficial” 
					para hacer públicas las noticias emanadas de la corporación 
					local y de los miembros del gobierno municipal de turno, que 
					es el que las subviene de fondos para su existencia. 
					 
					Pero lo referido es peccata minuta con relación a los gastos 
					que podrían ahorrarse si desaparecieran las autonomías y, 
					por ende, las plantillas de personal que de uno u otro 
					carácter las conforman: 17 autonomías con unas 170 
					consejerías, otras tantas viceconsejerías, mas de 130 
					miembros de mesas de gobierno, (presidentes, 
					vicepresidentes, secretarios, etc.), 1.218 diputados (sin 
					incluir los 50 de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla 
					que aunque concejales, tienen la consideración de diputados 
					y perciben un plus de residencia que les aumenta sus 
					retribuciones en mas de 4.200 euros mensuales) personal de 
					apoyo o asesores, plantillas de funcionarios (incrementado 
					con los costes de la Seguridad Social), vehículos, teléfonos 
					móviles, locales, mobiliario, consumos de energía, etc. 
					Aparte de ello, los 19 presidentes (contando las ciudades de 
					Ceuta y Melilla), Consejos Consultores, Consejos de Cuentas, 
					en una palabra: se ha sobredimensionado la estructura 
					administrativa del país y, por ende, desproporcionado el 
					gasto que se origina. A la hora de hacer números y 
					calculando sobre unos 3.000 euros mensuales, exceptuando de 
					ello a los miembros de los entes locales, ¿a cuanto 
					ascendería solo el importe de los salarios que tienen que 
					salir de los tributos que se exigen a la ciudadanía obligada 
					a su pago?. Otro caso de gasto superfluo es la composición 
					de Senado cuyos 208 miembros perciben, aparte de otras 
					prebendas, unos ingresos mensuales que oscilan entre los 
					2.500 y 3.000 euros sin que se haya dado todavía una 
					explicación clara de la función que realizan.  
					 
					Por otro lado, Mariano Rajoy anuncia (no brotes verdes ni 
					llegadas a la “Champion”, como decía su antecesor) sino mas 
					ajustes fiscales y reformas estructurales, especialmente en 
					el mercado laboral. En román paladino: que se adoptaran 
					nuevas medidas económicas que, por difíciles que sean, 
					tendrán como objetivo crecer y crear empleo si no queremos 
					que la situación económica actual nos lleve a la deriva, 
					como antes decíamos,, sin posibilidad de marcha atrás. Tales 
					medidas podrán concretarse en la subida del IVA (injusto 
					impuesto que satisface en igualdad de condiciones el 
					beneficiario de una pensión no contributiva que el mismo 
					señor Botín), un, aunque estricto, plan de privatizaciones, 
					mas ajustes fiscales y reformas estructurales especialmente 
					en el mercado laboral, retraso en la edad de jubilación (en 
					vez de 65 años a los 67), el copago de los productos 
					farmacéuticos (ya en marcha), todo ello cuando los mercados 
					acorralan mas al gobierno, incrementando la deuda publica, y 
					se viene notando, en vez de inversión, huída del capital 
					extranjero.  
					 
					Menudo conjunto de “bienes y derechos” o herencia recibida 
					por don Mariano Rajoy y todo ello de difícil solución, aun 
					cuando emanados de la lógica popular, nos hemos permitido 
					exponer algunos de los hechos que originan tal situación, 
					consecuencia, en la mayoría de los casos, de la promulgación 
					del derecho a constituirse en Comunidades Autónomas, lo que 
					supuso un cambio de 180º con respecto al sistema anterior 
					que se basaba en planes centralizados tradicionales y no en 
					los gastos excesivos y superfluos, principal origen del 
					déficit de estado, que vienen condicionando nuestra economía 
					y, por ende, las dificultades para nuestro desarrollo 
					económico. 
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