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					Comienza a ser habitual que personas que son contratadas 
					mediante redes sofisticadas caen en la trampa de ser 
					utilizadas para ‘mover’ dinero que especialistas 
					informáticos roban de las cuenta de ciudadanos. Tres de 
					ellas iban a ser juzgadas ayer en el Juzgado de lo Penal 
					número 2 de Ceuta, que aplazó el juicio. 
					 
					Dos ciudadanos rumanos -un hombre y una mujer- y otro 
					español tendrán que rendir cuentas ante el Juzgado de lo 
					Penal número 2 por un delito de estafa informática -’phishing’- 
					en el que resultó perjudicado un ciudadano ceutí, aunque 
					subsidiariamente, porque asumió las pérdidas, quien acusa es 
					el BBVA. 
					 
					Los hechos se producían en junio de 2009. Un ceutí, Carlos 
					Alberto M.F., veía, tras realizar una operación informática, 
					cómo sus datos bancarios habían sido interceptados por una 
					banda organizada que operaba a través de internet. 
					 
					Los que iban a ser juzgados, que finalmente no lo fueron 
					ayer por incomparecencia y de hecho se ha fijado nueva fecha 
					para el juicio, actuaron de ‘pardillos’. Se les ofreció un 
					trabajo cómo y dinero fácil, pero debían haber sospechado de 
					que la asunto no era ‘trigo limpio’. 
					 
					Emilia S. y Duru-Adrian S., rumanos, así como el español 
					José L. N.P., tragaron el anzuelo y suscribieron contratos 
					para abrir cuentas corrientes en las que recibían dinero. 
					Posteriormente, ellos debían mandarlos a personas residentes 
					en Rusia y Ucrania, percibiendo a cambio una comisión. 
					Sacaban el dinero de sus cuentas y lo enviaban a las 
					personas designadas mediante el servicio Western Union. 
					 
					Lo que no sabían -al menos es lo que pueden argumentar- es 
					el que el dinero procedía de cuentas que habían sido 
					saboteadas por ‘piratas’ informáticos. De esta manera, una 
					vez obtenidos los códigos de cuenta de la persona 
					perjudicada, los delincuentes ingresaban cantidades siempre 
					inferiores a 3.000 euros, para no levantar sospechas, en las 
					cuentas de lo acusados, quienes a su vez lo sacaban del 
					sistema bancario y lo enviaban a través del citado Western 
					Union a terceros. 
					 
					De esta manera, llegaron a robar hasta 22.812,20 euros a 
					Carlos Alberto M.F. El hombre ha sido resarcido de sus 
					pérdidas por el BBVA que, todo sea dicho, ha asumido la 
					responsabilidad del fallo en la seguridad de sus servicios 
					informáticos. Sin embargo, ahora los tres intermediarios 
					deberán enfrentarse a la querella del propio banco, que 
					reclama un año de prisión para cada uno así como el pago del 
					dinero sustraído. 
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					El último requerimiento del Juzgado de lo Penal número 2 
					La vista de ayer por el caso de 
					‘phishing’ quedó aplazada, sí, pero no habrá una nueva 
					alternativa para los acusados. Uno de ellos, un hombre de 
					mediana edad que sí acudió a la sala de vistas con 
					documentación en la mano y nervioso por las consecuencias de 
					sus actos, no parecía sino que había sido víctima de una 
					trampa en la que actuó como intermediario de una red que se 
					apropiaba de dinero ajeno. Los otros dos, una pareja rumana 
					que parece tener relación de parentesco fraternal, no dieron 
					la cara. Uno de ellos se encuentra en búsqueda y captura. El 
					juzgado, a instancias del Ministerio Fiscal, emitió ayer 
					requerimientos a los tres para que se presenten a un nuevo 
					juicio, dada la incomparecencia. Así, aun cuando en nueva 
					fecha no se presentaran, podrían ser juzgados en ausencia. Y 
					condenados. 
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