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El capitán Carlos V.D. se sentó ayer en el banquillo de los
acusados en la sala de vistas del Juzgado de lo Penal número
2 de Ceuta. Lo sentó un ex soldado, ‘El Tarifa’, José
Alberto G.S., que le acusó de haber suministrado datos
personales y no accesibles para cualquier persona no
autorizada, para plantearlos ante un juzgado en un caso de
un accidente de tráfico.
Ex soldado y capitán se veían las caras en lo Penal. Todo
venía de un hecho aparentemente banal. Cada uno conducía su
automóvil en el interior de las instalaciones del Regimiento
de Ingenieros número 7, en 2008. Según explicó el ex soldado
a este diario, el capitán “iba conduciendo su coche y venía
‘cargado’ de la cantina’. Sea como fuere, los dos vehículos
chocaron.
Ambos firman un parte amistoso del accidente, pero el
capitán, según dijo en el juicio celebrado ayer, siguió
instrucciones de un abogado representante de la compañía de
seguros, Mutua Madrileña, para conseguir documentación
accesoria. El entonces soldado, tres días después del
accidente, se presentó a unas pruebas físicas del Ejército.
Según explicó, fue a Cádiz, a pasar una jornada de Carnaval
y volvió a Ceuta. Empezó a encontrarse mal -lesiones en el
cuello como consecuencia del accidente- y dijo que pasó
dichas pruebas en mal estado físico, pero que lo hizo ya que
había sido advertido por algún mando de que si no lo hacía
sería arrestado.
Pasó satisfactoriamente las pruebas y éste hecho fue
determinante para que el capitán se hiciera con el resultado
del test de aptitud y dárselo a su abogado. Se trata de
datos personales que se encuentran inmersos en un programa
informático denominado Siperdef, en el que el Ministerio de
Defensa tiene anotados los datos personales -algunos de
ellos clasificados, como es lógico- de todos y cada uno de
los militares que están incluidos en él.
El capitán habló con el brigada Antonio P.N. y le solicitó
el expediente mediante el cual se certificaba que el soldado
había pasado unas pruebas físicas duras y que se encontraba
en buen estado de salud, con el objetivo de que su abogado
demostrara que el joven soldado no había sufrido lesiones
tras el accidente de tráfico. El brigada declaró ayer en la
sala de vistas y dijo que en realidad no recordaba
exactamente el hecho, dado que era normal que sus superiores
pidieran informes de este tipo. También declaró un mando
superior, un teniente coronel, Francisco Javier M. L., a la
sazón jefe de personal del RING 7, en el acuartelamiento,
que fue quien compulsó el documento que el brigada había
extraído de Siperdef en referencia al soldado. Algo
habitual, en realidad, pero que en realidad no lo fue tanto,
puesto que el documento en cuestión fue puesto por el
capitán Carlos V. D. en la mesa del abogado de la Mutua
Madrileña.
En la sesión también declaró ayer, uniformado por cierto, el
teniente coronel Carlos A., llamado para testimoniar en
cuanto a aspectos de carácter técnico en lo que respecta a
los programas informáticos del Ministerio de Defensa. Se le
preguntó si la divulgación a terceros de la información no
reservada ni clasificada contenida en los ficheros que cada
militar cuenta en Siperdef se puede facilitar a terceros.
“Depende de qué terceros”, señaló el militar. Los datos, en
definitiva, no son accesibles al público en general y desde
luego si son solicitados por cualquier persona que no sea el
propio interesado, esto es, el titular del fichero -se habló
incluso del acceso que pudiera tener la prensa- tendrían que
ser solicitados formalmente y pasar por toda una cadena de
mando para obtener una respuesta. La abogada que
representaba la acusación particular tuvo una actuación muy
brillante. El capitán acusado fue representado por una
abogada de la península que fue muy protocolaria en cuanto
al trato con el juez titular del Juzgado de lo Penal número
2 y prolija en detalles que en algunos momentos llegaron a
resultar cansinos.
En todo caso, el Ministerio Fiscal pidió una multa para el
capitán, mientras que la acusación particular solicitó que
el militar fuera condenado a dos años de prisión y tres de
inhabilitación, así como a pagar las costas. También
solicitó una responsabilidad civil de 10.000 euros,
subsidiaria para el Ministerio de Defensa, que no compareció
representado en la vista oral.
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justicia
