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El Delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio
González, ratificó ayer la posición del Estado en lo
referente al repetido impago de las nóminas a los
trabajadores de la empresa ‘Ambulancias MP’. González Pérez
ha asegurado que, si bien no es posible intervenir la
empresa, tal y como habían sugerido los trabajadores el
pasado miércoles, que amenazan con ir a huelga, sí “se
tomarán medidas” si la empresa persiste en incumplir el
contrato
El Estado ha iniciado ya, junto a la dirección territorial
del Ingesa un estudio de las causas que están llevando a la
empresa ‘Ambulancias MP’ a no abonar las nóminas de sus
trabajadores, que el pasado miércoles se concentraron en
señal de protesta, tras verse en esta situación de manera
cada vez más habitual. El delegado del Gobierno, Francisco
Antonio González Pérez, aclaró ayer que la administración
siempre estará “dispuesta a escuchar y echar una mano para
que no haya un conflicto social”, eso sí “Eso es una cosa y
otra es intervenir una empresa”, matizó. Según explicó en
rueda de prensa, esto es un paso que la administración “ni
puede ni lo va hacer”, lo que sí hará es controlar que si el
impacto del impago a los trabajadores por parte de la
empresa repercute en el servicio, evaluará con los elementos
jurídicos a su alcance, incluido el abogado del Estado “para
que si esto llegara a excederse como se está produciendo en
estos momentos, llegar a la rescisión del contrato con esta
empresa”.
González Pérez dijo que ni la delegación ni el propio Ingesa
pueden intervenir en la organización interna de una sociedad
anónima, pero a la administración le preocupa el
cumplimiento de los compromisos y explicó que “si hay que
hacer un contrato donde hay un abono mensual con respecto a
la prestación de servicios eso se está haciendo con
regularidad y normalidad, por tanto de ahí viene la
exigencia de la delegación del gobierno y el Ingesa en
cuanto a que si reciben la prestación, no entendemos cómo
esa retribución no llega en este caso a sus destinatarios en
la parte que les corresponde” . La administración “no puede
permitir que un servicio quede sin ejecutarse, cuando hay un
contrato”, zanjó.
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