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					La nueva reforma laboral y los continuos anuncios de 
					recortes que viene realizando el Gobierno de Mariano Rajoy 
					ha provocado que los sindicatos hayan dicho “basta” y estén 
					realizando un llamamiento a la ciudadanía para que salga a 
					la calle a protestar contra estas medidas que consideran 
					“injustas e ineficaces”. Hoy UGT y CCOO presentarán la 
					manifestación que recorrerá las calles ceutíes el próximo 
					día 19 al igual que en el resto de ciudades españolas para 
					protestar por estos nuevos recortes y por una reforma 
					laboral que está “ahogando” los derechos de los trabajadores 
					“a pasos agigantados”. 
					 
					CCOO y UGT han convocado para hoy una rueda de prensa para 
					convocar a todos los ciudadanos a acudir a la manifestación 
					que recorrerá la ciudad el próximo jueves por la tarde el 
					centro de la ciudad y dar a conocer, más en profundidad, los 
					recortes anunciados por el Gobierno de la nación, 
					catalogados por las centrales sindicales como “injustos e 
					ineficaces”. 
					 
					Además, desde la Federación de Servicios Públicos de UGT ha 
					denunciado como en menos de cinco meses el gobierno de 
					Mariano Rajoy ha llevado a cabo una segunda reforma laboral 
					a través de la cual está “acabando con todos los derechos 
					laborales y sociales”. 
					 
					Precisamente en un exaustivo estudio de la segunda reforma 
					laboral ha alarmado aún más a las centrales sindicales que 
					han podido comprobar como muchos de los párrafos añadidos a 
					la reforma del pasado día 7 son un “engañabobos”. Uno de 
					esos párrafos incluidos en la segunda reforma laboral 
					permite que “el personal laboral fijo de las 
					administraciones públicas y entes y organismos públicos 
					pueda ser despedido, y sin requerir la conformidad de la 
					autoridad laboral ni de la inspección de trabajo”. A este 
					respecto, tanto UGT como CCOO recuerdan que “todo el 
					personal laboral fijo ha tenido que superar, en su día, un 
					proceso selectivo y creen “inadmisible” que tal y como 
					refleja dicho artículo se le deje la puerta abierta “al 
					político de turno” la posibilidad de establecer “la 
					prioridad de permanencia en una Administración Pública ya 
					que se podría despedir a personal laboral fijo antes que al 
					personal laboral temporal”. 
					 
					Otros de los aspectos que se ha visto empeorados en esta 
					segunda reforma laboral realizada por el Ejecutivo de 
					Mariano Rajoy es el reflejado en el artículo 52 sobre la 
					extinción del contrato por causas objetivas. Las centrales 
					sindicales resaltan que sería considerado despido por causas 
					objetivas “si se falta a ocho jornadas en un plazo de dos 
					meses consecutivos, o si se falta a 20 jornadas en un plazo 
					de cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce 
					meses”. En ambos casos, tal y como queda reflejado en la 
					reforma laboral, “la indemnización por despido sería de 20 
					días de salario por año de servicio, con un máximo de 12 
					mensualidades”, y que par que no computen la baja a efectos 
					del despido, “habrá que justificar ante la empresa la 
					enfermedad que el trabajador padece por lo que desaparece la 
					confidencialidad de los datos clínicos de los trabajadores”. 
					 
					El tercero de los cuatro puntos que más preocupación y 
					alarma ha creado entre los sindicatos es el de la vigencia 
					de los convenios colectivos recogido en el artículo 86 de la 
					reforma laboral en el que se recoge que “denunciado un 
					convenio si en un año no se alcanza acuerdo, el convenio 
					pierde su vigencia” indicando que si existe un convenio de 
					ámbito superior se aplicaría este y en caso contrario se 
					aplicaría exclusivamente el Estatuto de los Trabajadores, 
					por lo que según los sindicatos “la ley ni siquiera 
					garantiza que se siga percibiendo el salario que se venía 
					percibiendo hasta ese momento, estando sólo garantizado por 
					ley el Salario Mínimo Interprofesional”. 
					 
					Esta medida, ha sido muy criticada por UGT y CCOO que 
					consideran que “a este Gobierno un plazo de 2 años para 
					negociar un convenio le parecía mucho y lo rebajan todavía 
					más, dejándolo en un año. Ante esta situación los comités de 
					empresa se verán obligados a negociar a la baja, perdiendo 
					derechos, con tal de que no pierda vigencia todo el viejo 
					convenio”. 
					 
					Finalmente, otro de los artículos denunciados por las 
					centrales sindicales es el 34, en el que queda reflejado que 
					“la empresa puede distribuir de manera irregular hasta el 
					10% de la jornada anual de trabajo”. Los sindicatos destacan 
					que se trataría de “una decisión unilateral del empresario y 
					se podrá aplicar a alguno, algunos o a todos los 
					trabajadores de la empresa”. 
					 
					Esta medida da libertad al empresario, según UGT y CCOO a 
					que “casi 30 días al año, pueda modificar unilateralmente la 
					jornada de trabajo, los turnos, el calendario, etc., lo que 
					podría considerarse disponibilidad total, pero gratuita”. 
					Las centrales denuncian este apartado asegurando que todo 
					ello “pone en serio peligro la conciliación de la vida 
					familiar en la que existen trabajadores que tienen a su 
					cuidado a menores, enfermos o ancianos”. 
					 
					Esta nueva reforma y los recortes anunciados la semana 
					pasada por el Gobierno de la nación han llevado a las 
					centrales sindicales a decir “basta ya” y ha convocar 
					periódicas manifestaciones así como a celebrar el próximo 
					mes de septiembre una huelga que todavía tiene que cerrarse. 
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