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Un informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos
con datos obtenidos de la oficina estadística comunitaria,
Eurostat, en el año 2010, refleja que Ceuta es la comunidad
autónoma con mayor riesgo de exclusión social del país, con
un 42,1% de la población. La media nacional es del 25,5%.
Ceuta es la comunidad autónoma cuya población presenta un
mayor riesgo de exclusión social del país. La cifra es del
42,1% de la población, según recoge EFE en base a un informe
elaborado por el Instituto de Estudios Económicos con datos
obtenidos de la oficina estadística comunitaria, Eurostat,
en el año 2010.
España era el noveno país con la peor tasa de población en
riesgo de pobreza o exclusión social en el año 2010, al
encontrarse un 25,5 por ciento de la población en esta
situación, aunque se apreciaban grandes diferencias entre
comunidades autónomas.
Ceuta supera la clasificación española, seguida de
Extremadura con un 41,5% de población en riesgo. La cifra de
Ceuta es una de las más elevada de los países de la Unión
Europea, y sólo es sobrepasada, según el informe, por
algunas regiones de Bulgaria y Rumanía, así como por Sicilia
y Campania, en Italia.
Tras Extremadura, Andalucía, Murcia y Canarias, superan el
35%, con el 36,1, el 35,9 y el 35,3% respectivamente,
situándose tras ellas la ciudad autónoma de Melilla, con el
34,3% de la población en riesgo de exclusión social.
En el extremo opuesto, con menor porcentaje de población en
riesgo de pobreza se encuentran además de la comunidad foral
de Navarra, con tan sólo el 9,7%; el País Vasco, con el
15,5; Aragón, con el 15,9; Asturias, con el 16,8, y Madrid,
con el 18,1%.
El porcentaje de las restantes es del 19,6 y 19,8% en
Cantabria y Cataluña respectivamente. Le siguen, por encima
del 20%, Galicia, con un 22; Castilla y León, con un 24.7;
La Rioja, con un 24,8; Baleares, con un 25,8; la comunidad
Valenciana, con un 26,3, y Castilla La Mancha, con un 30,9%,
que son las zonas con un porcentaje más similar a la media
nacional.
El pasado 23 de enero se aprobó de forma inicial, en el
Pleno Ordinario de la Asamblea, el II Plan de Inclusión
Social, cuyo objetivo es paliar los efectos de la crisis. En
el mes de abril, el grupo político Caballas, que había
votado en contra de dicho ordenamiento, presentó sus
alegaciones.
Finalmente, el 7 de mayo, el Pleno aprobó de manera
definitiva este Plan, de cuyo texto resaltó la consejera de
Asuntos Sociales, Rabea Mohamed, que serviría para favorecer
“el empleo, el acceso a la atención social” a través de la
“mejora de los niveles de atención y promoción”.
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